Las compañías contratistas se quejan de que la empresa productiva del Estado no está respetando los términos en que se pactó el mecanismo, aunque el énfasis se apunta a los contratos en dólares.
Las reglas están inscritas en la “Circular para validación de la cesión de derechos de cobro por descuento de facturas de proveedores y contratistas de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias” que se distribuye desde el 25 de noviembre del año pasado.
De acuerdo al documento, Pemex ampliaba sus términos de pago de 20 a 180 días, lo que en el papel era letra muerta, considerándose que los retrasos alcanzaban hasta ocho meses.
Bajo ese marco, los tres meses, aplicados por la mayoría de las empresas del ramo en el planeta, resultaban un bálsamo.
El caso es que algunas firmas, sobre todo las que tienen como único cliente a Pemex, exigieron cambiar sus contratos de pesos a dólares bajo el pretexto de que su fondeo en materia de infraestructura se pacta bajo la divisa de los Estados Unidos.
La posibilidad fue rechazada por el subdirector de Tesorería, Rodolfo Campos Villegas, quien firmó la circular por vía doble en ausencia del director Corporativo del ramo.
El funcionario fue denunciado ante la Secretaria de la Función Publica, acusándolo, justo, de violar los términos del documento.
La exposición de motivos señala que en la Sección III, bajo el numeral I, “Introducción”, cuarto párrafo, “el Consejo de Administración autorizó a la administración a negociar y cortar la modificación de plazos, montos, tarifas y en general toda estipulación que puede adecuarse para reducir costos y promover eficiencia en forma integral en beneficio de los intereses de Pemex y organismos subsidiarios”.
De acuerdo con los quejosos, la luz verde servía para validar la conversión en apoyo a los proveedores. Más allá, se alude a la cláusula 6.2.8 que señala a la letra: “Los derechos de cobro de facturas por los contratos celebrados entre Pemex y los proveedores o contratistas nacionales y extranjeros y en cualquier divisa podrán cobrarse en términos de los instrumentos jurídicos correspondientes”.
De acuerdo con una cláusula que anota Pemex en todos los contratos pactados en la moneda extranjera, “para los compromisos en dólares de los Estados Unidos de América el porcentaje será el que resulte de aplicar la tasa Prime Rate publicada en medios electrónicos financieros que se encuentre vigente con dos días hábiles de anticipación previa a la fecha en que se presenta la solicitud de pronto pago”.
El artículo ocho de la Ley Monetaria establece que las obligaciones denominadas en dólares sean cumplidas en pesos mexicanos al tipo de cambio establecido por el Banco de México.
El problema es que una de las instancias comprometidas para operaciones de factoraje de Pemex, Nacional Financiera, no está autorizada a fondearse en dólares, por lo que tendría que jugar con sus operaciones el riesgo del vaivén cambiario.
Otro de los agentes, la firma estadounidense Greensill Capital, aunque sí está autorizada a cubrir las operaciones de descuento en dólares, tampoco tiene certeza en recuperar los recursos en la misma moneda.
Se diría, pues, que el esquema resultó cojo.
Sin embargo, en la perspectiva pareciera que empresas como Cetemar, Blue Marine, Oro Negro, Perforadora Central o Grupo R buscan en la conversión de contratos a dólares resarcir parte de los estragos de la larga mora… y la reducción de tarifas de arrendamientos pactadas previamente.
Ninguno de ellos está involucrado en la denuncia ante la Función Pública.
Jaloneos en Pemex.
Balance general. En la ruta que abrió la calificadora de deuda Standard & Poor’s al modificar de “estable” a “negativa” la perspectiva crediticia del país, su similar Moody’s está alertando de una posible degradación de la calidad para endeudamiento del país.
El común denominador en la exposición de motivos habla del crecimiento de la deuda pública, aunque la segunda se refiere solo a un estrato: la emitida directamente por el gobierno federal.
El pronóstico habla de llegar al equivalente al 40% del Producto Interno Bruto ante los apoyos que demanda Pemex, cuyo monto oscilaría en 20 mil millones de dólares.
La calidad crediticia que plantea Moody’s es de A3, con perspectiva negativa. S&P habló también de la percepción generalizada de corrupción en el gobierno y una decepcionante instrumentación de las reformas estructurales.
Gol a Topete. En su primera acción la flamante agencia reguladora del transporte ferroviario del país sacó de la jugada al empresario Pedro Topete, quien administraba el ferrocarril Chiapas-Mayab, conocido como “La Bestia”.
El afectado es el accionista principal de la empresa de medición de flujos vehiculares Infraiber.
Otorgada la concesión a una empresa de los Estados Unidos, ésta emprendió la graciosa huida al incumplir el gobierno compromisos en materia de reparación de infraestructura, tras la irrupción violenta de un huracán.
La operación se le había otorgado provisionalmente a la firma estatal que opera el ferrocarril del Istmo. Sin embargo, de pronto resultó que la tenía Topete.
El estira y afloja duró cuatro años.
Apoyo a infraestructura. Quien ha colocado el mayor énfasis en colocar los recursos acumulados por usuarios del Sistema de Ahorro para el Retiro en apoyo de obras de infraestructura es la Afore XXI Banorte encabezada por Tonatiuh Rodríguez.
La oferta alcanza 4 mil 528 millones de pesos. La prioridad han sido plantas eléctricas a base de la fuerza del viento, hidroeléctricas, tareas de perforación y gaseoductos.
De acuerdo a su director general, José Antonio González Anaya, Pemex está negociando entrar a la piñata.
Fibra Plus a Bolsa. En las próximas semanas cotizará en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores la firma Fibra Plus, un fideicomiso especializada en venta y administración de propiedades que encabeza Gustavo Tomé. La instancia ha financiado el desarrollo de inmuebles desde su concepción hasta su estabilización.
Bajo su apoyo se desarrolló Némesis Capital, especializado en parques eléctricos, centros comerciales y desarrollos residenciales.
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