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El poder, por su naturaleza, no es comedido: es expansivo. Por eso la ley debe fijar las fronteras de las potestades del Estado. En el caso de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la futura Fiscalía General de la República (FGR) debe tener fuerza para cumplir su papel pero no para impedir que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECOCO) haga su trabajo. Como está hoy la legislación, muy poco puede hacer la segunda sin el aval de la primera. Se trata de una grave deficiencia legislativa. Ambos fiscales deben ser autónomos, uno del Ejecutivo Federal y el otro, en buena medida, de su jefe. Y mientras que el fiscal general necesita un acotamiento que lo obligue a perseguir a la delincuencia sin violar derechos, el fiscal anticorrupción requiere margen de maniobra para moverse por sí mismo. De otro modo será avasallado.
El buen funcionamiento de las instituciones depende de leyes y de personas. En buena tesis, el diseño del mecanismo legal para designar a esas personas es la clave para propiciar su idoneidad. No obstante, nunca está de más la vigilancia social para garantizarla, y por lo que se refiere al nombramiento del fiscal general de la República será crucial. Puesto que tendrá la capacidad de impulsar o frenar la labor de la FECOCO, en él recaerá prácticamente toda la responsabilidad. Y, de resultar designado alguien con las características del llamado #FiscalCarnal, el principal componente correctivo del SNA fracasará. Ya lo intentó una vez el presidente con la ayuda de su consejero jurídico y sus amigos en el Senado y, si bien la presión de la ciudadanía lo obligó a recular, sin duda volverá a intentarlo.
Será importantísimo vigilar con lupa el proceso para nombrar al fiscal general. Las reglas fueron ideadas para que el binomio Peña-Castillejos pueda salirse con la suya. Los senadores mandan a la Presidencia una lista de diez nombres y esta la reduce a una terna que devuelve al Senado para que elija a uno; ojo: en la decena original habrá seguramente cuatro personas palomeadas por la bancada del PRI, de manera que las tres que escoja el presidente bien pueden ser peñanietistas de clóset o al menos filopriistas. Si la sociedad civil no está encima del proceso en cada una de sus etapas, será muy alto el riesgo de que la misión de quien encabece por nueve años la FGR sea cuidar las espaldas de Enrique Peña Nieto y de su gobierno.
La primera señal se dará en la selección del titular de la FECOCO. La opinión publica hará bien en revisar cuidadosamente las credenciales de los aspirantes y analizar la decisión final. Ahora bien, pensando maquiavélicamente, podría ser que el PRI-gobierno deje pasar a alguien relativamente independiente a guisa de finta, y que guarde la pólvora para la batalla en torno al personaje central, el futuro jefe de la FGR que a fin de cuentas controlará a su subordinado. Ya veremos. Lo cierto es que, como están las cosas, el poder que tendrá el fiscal general será decisivo y que, a juzgar por la facilidad y la rapidez con la que pasó el nombramiento del actual procurador general cuando un transitorio del dictamen aprobado lo ponía con un pie en la FGR, bien puede darse una trastada similar.
Los trucos priistas para evadir la acción de la justicia no tienen límite. Primero optaron por colgarse medallas de una reforma constitucional de avanzada para luego revertir el avance en las leyes secundarias, luego pusieron un incondicional en la Procuraduría General de la República y ahora intentan blindarse con el titular de la FGR. Si el SNA se integrara mañana, al menos tres de los siete integrantes de su Comité Coordinador serían priistas. La creatividad de los subterfugios del régimen es del tamaño de su miedo a ser fiscalizado.
Las leyes y las personas en las instituciones son fundamentales. Y cuando las leyes son deficientes, las personas que encabezan las instituciones se vuelven la única esperanza de su buen funcionamiento. Sería una pena que el SNA, que tantas expectativas ha despertado, resultara inoperante por las personas que se harán cargo de dos instituciones clave. Porque serán la FGR y la FECOCO las principales instancias encargadas ni más ni menos que de combatir la impunidad. Y si la negligencia deliberada de sus cabezas -especialmente de la primera de ellas- deja impunes a los corruptos, el descrédito político y el enojo social romperán los diques de la cosa pública.
Diputado federal del PRD
@abasave
