Esa es la pregunta que tendríamos que estar haciéndonos los diputados con miras al Presupuesto de Egresos Federal. En cambio, el interés solamente se resume a las alternativas para repartir los ingresos excedentes de la ley de ingresos, sin mayor consideración sobre su efecto en la economía o en la calidad de vida de la población. Las alternativas son varias. Evidentemente sería necesario que el ingreso adicional fuera casi exclusivamente a la inversión, a los servicios de educación y salud, como las escuelas de tiempo completo y la atención hospitalaria, y a programas que tengan impacto en la actividad económica. Es posible también modificar el decreto presupuestal para mejorar no solamente la transparencia, también la efectividad del gasto público.
Una alternativa es establecer mínimos de contenido nacional para la contratación de obra pública. Es probable que el efecto del gasto sobre la economía sea limitado por un alto contenido importado en los materiales y maquinaria utilizada. Otras naciones han sido capaces de aprovechar las necesidades de infraestructura en periodos prolongados de crecimiento. Claro, en ese sentido se debe incrementar el gasto de inversión pública que en la propuesta del gobierno alcanza uno de los niveles más bajos en décadas. La inversión gubernamental pasó de alrededor de 6 puntos del PIB al inicio de la administración a menos de 3 puntos para el año que entra. El recorte se hace no donde causaría menos daño, sino dónde se puede, en la inversión. Una manera sencilla de hacerlo es, en caso de que se destine más recursos a los estados, las asignaciones sean exclusivamente para los fondos metropolitanos, que solamente pueden ser destinados a proyectos de inversión evaluados o para los proyectos hidráulicos que desarrollan los estados con recursos que distribuye Conagua.
Otra medida que se puede plasmar en el decreto de egresos es establecer un sistema de clasificación del gasto por fuente de financiamiento. Esto sería particularmente útil para asegurar que la deuda sea utilizada solamente para proyectos de inversión que beneficien las generaciones futuras y detonen crecimiento. En los últimos 5 años se dobló la deuda del país sin que se mejorara de manera sustancial la infraestructura del país. En la legislación de ingresos se señala que la deuda se destina a “proyectos de alto impacto”, pero no se conocen ni los proyectos, ni su impacto. En el actual paquete, por ejemplo, el monto de la deuda es mayor al gasto de inversión. Otra alternativa es que parte de los ingresos que tengan como excedente durante el año (que alcanzan en promedio los 200 mmdp cada año) sean exclusivos para infraestructura. Una más que es los proyectos que tiene fideicomitidos recursos, producto del subejercicio de otros años, como es el caso del Túnel Emisor Oriente, se ejerzan completamente el año que entra. Otras más, es transparentar y utilizar fondos que, de manera indebida por cierto, se encuentran fuera del presupuesto, como la bursatilización de aportación de los estados para infraestructura educativa.
Se pueden tomar otras medidas. Una más sería restituir parte de los recursos que sirven para financiar vivienda popular, uno de los rubros más recortados del presupuesto. Lo mismo sucede para los fondos para emprendedores, que han perdido casi dos terceras parte del presupuesto durante el sexenio. Es verdad que no existen evaluaciones que nos permitan conocer la efectividad de este tipo de programas. En todo caso se requiere de mecanismos eficaces de apoyo y financiamiento para PYMES, cooperativas y proyectos productivos rurales. Como no tenemos un presupuesto orientado a resultados en realidad no sabemos del impacto en la economía del menor presupuesto en este tipo de programas. El punto es que impulsar el crecimiento tendría que ser la prioridad de un presupuesto recortado, en un entorno de incertidumbre y de una multitud de factores, algunos de ellos internos, como el incremento de las tasas de interés del Banxico, que actúan en contra de la actividad económica. Por desgracia, el interés se concentra en mantener los mecanismos para asignar de manera discrecional recursos a proyectos que no han sido planeados, sin impacto y que dejan más que abierta la puerta a la corrupción.
Diputado federal por Morena