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El pasado 18 de junio por fin entró en vigor en todo el país un nuevo Sistema de Justicia Penal, la pregunta ahora es si este nuevo sistema va a reducir la impunidad que ha campado rampantemente en nuestro país (alrededor de 92% de los delitos no se denuncian, principalmente por la falta de confianza); por otro lado la pregunta del ciudadano es si este sistema protegerá de mejor manera su vida, sus propiedades y sus derechos fundamentales. Indudablemente este modelo es mejor que el que teníamos, sin embargo, como es normal, eleva el nivel de exigencia para todos los operadores, principalmente para las policías y los fiscales, lo cual empezará a evidenciarse para bien o para mal en la operación donde cada error cometido se podrá traducir en impunidad.
En nuestro país la mayor parte de los juicios se inician con detenciones en flagrancia y no como resultado de procesos de investigación. Tal parece que cuando no se detiene al delincuente en flagrancia será muy difícil que éste pague por el delito cometido, lo que genera gran frustración en la población.
Es por esto que para que el sistema funcione y que disminuya la impunidad se tiene que cambiar el paradigma de cómo se desarrolla la actividad en tres áreas del engranaje del sistema, me estoy refiriendo a la seguridad pública, la prevención del delito y la persecución del mismo.
El cambio de paradigma en estas tres áreas tiene que ser el de la utilización de la información para la toma de decisiones estratégicas, tácticas, así como operativas, es decir, la utilización de inteligencia. En primer lugar, la seguridad pública y su gran despliegue de fuerza no puede resistir la idea de pensar que con mayor presencia y más patrullajes se va a reducir la inseguridad, evidentemente esto va a servir, pero el modelo no puede estar basado nada más en ello. Al día de hoy lo que requieren hacer son patrullajes estratégicos con base en los patrones detectados, la identificación territorial de la incidencia y la predictibilidad de posibles delitos o faltas administrativas, por mencionar algunos elementos a considerar.
En el caso de los programas de prevención del delito, éstos ya no pueden seguir implementándose sin información que nos diga con datos dónde y cómo se debe de intervenir, cuáles son las zonas más conflictivas, cuáles son los principales delitos o faltas administrativas que se comenten, tendencias de delitos en el mediano y largo plazo, y cómo están cambiando las edades de incorporación a la delincuencia de los jóvenes. En este tema se han invertido muchos recursos sin datos claros sobre su efectividad.
Para terminar nos queda claro que la persecución del delito requiere una cirugía mayor que modifique su funcionamiento para que ésta esté basada principalmente en la investigación y en inteligencia en su operación. Además, se requiere seguir construyendo un sistema sólido de bases de datos y de unidades de inteligencia en todas las procuradurías del país y su enlace con la Procuraduría General de la República. Con base en esa información, se debe de estructurar la política criminal de las instancias de procuración en el orden federal y en los estados, es decir, cuáles son los delitos que más afectan a la ciudadanía y dónde se va a focalizar la persecución estratégica del Estado. Al día de hoy, no hay país en donde se investiguen todos los delitos cometidos, por lo cual se deben de focalizar los recursos en los hechos que más están lacerando a la sociedad en un tiempo determinado y esto no se puede lograr sin información e inteligencia.
Uno de los grandes retos del nuevo sistema penal es el de reducir el archivo temporal (acto procesal cuando no se tienen elementos para llevar a juicio a un delincuente), el cual ha crecido de manera desorbitante en algunos estados. Al respecto resulta estratégico impulsar de manera decidida la unidad con imputado desconocido en las procuradurías, la cual debe de tener entre sus funciones la de generar patrones, perfiles delictivos, modos de actuación de la delincuencia y operativos para detener a aquellos delincuentes que están cometiendo delitos y con esto disminuir el archivo temporal con base en la información que analizan. De no realizarse lo anterior, el archivo temporal se va a convertir en la impunidad institucionalizada y con ello se debilitará la credibilidad en el nuevo sistema de justicia penal.
Profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey
