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Por hipótesis, el poder civil no debe nunca exaltar a los jefes militares en tiempos de paz. Quienes tienen las armas no son héroes por ese simple hecho, sino servidores públicos más disciplinados que los demás. La política de engrandecimiento moral y político de las Fuerzas Armadas es un error de consecuencias impredecibles en cualquier país del mundo.
La intervención de los militares en el combate a la delincuencia organizada no es lo mismo que tomar parte de una guerra a pesar de lo que declaró en su momento Felipe Calderón. No hay guerra alguna, pues no se puede ganar ni se puede perder, el enemigo no existe, se trata de una parte de la sociedad arruinada por el poder y la clase dominante que se rebela sin causa social alguna para hacer justicia económica personal mediante el tráfico de drogas, los secuestros, las extorsiones y los asesinatos inherentes, aprovechando la decrepitud del Estado corrupto mexicano.
Es un error dejar a los militares en funciones policiales. Es un acto de demagogia decir que volverán victoriosos a los cuarteles, algún día. Es una idea falsa suponer que como no hay la policía que debiera existir, entonces los militares se harán viejos patrullando calles y buscando delincuentes armados. De todos esos errores que se han cometido y se vuelven a cometer existe uno, el mayor, que es el resumidero de los demás: la equivocada moral frente a las drogas, la estúpida prohibición impuesta por las potencias occidentales durante el siglo XX.
El Senado expidió en su momento una reforma de ley para regular la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de policía, a petición de cada entidad federativa y por un plazo predeterminado. Calderón paró el proyecto en la Cámara de Diputados, con ayuda del PRI, porque los jefes del Ejército se lo ordenaron, ya que no les gustó. Ellos querían retener por varios días a los detenidos, interrogarlos, intervenir comunicaciones libremente, etcétera, es decir, implantar un estado de excepción, como ahora lo han vuelto a plantear mediante la iniciativa presentada por el PRI. No se necesita suspender garantías por la puerta trasera para controlar el narcotráfico, sino acabar con la prohibición y controlar la producción y el comercio de estupefacientes, lo cual requiere inteligencia y honradez en lugar de balas.
El general secretario, Salvador Cienfuegos, dice lo que piensan los mandos, quienes ya se han dado cuenta que esta “guerra” no se puede ganar, por lo cual ahora quieren intentar hacerle frente mediante la subversión de la Carta Magna para obtener toda la autoridad, pero ni así sería posible. El dicho de Margarita Zavala sobre el retorno victorioso a los cuarteles es para los militares un mal chiste, para el resto de la gente es una manera de burlarse del decaimiento moral que provocó la “guerra” declarada durante la administración anterior y, para ella, es una forma de dar la razón a la absurda declaración de Calderón.
Preservar la seguridad interior es un deber del Presidente de la República, según la Carta Fundamental, para lo cual puede utilizar a las Fuerzas Armadas. Se trata a toda evidencia de defender al poder de las rebeliones armadas. No más. El narcotráfico no es una rebelión. Las ocasiones en que el Ejecutivo usó al Ejército para reprimir huelguistas, las matanzas ordenadas para deshonra de la profesión militar, no se encuentran dentro de ese concepto de “seguridad interior”.
No hace falta retorcer una realidad afrentosa y miserable para encararla. Todas las policías posibles no podrían resolver el problema ni hacer regresar, victoriosamente (¿de qué?), a los militares a sus cuarteles. Todos sabemos cuál es el camino, pero sólo unos pocos hemos aprendido a reconocerlo.
Ex legislador e integrante del PRD
