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La prueba estandarizada que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a través del Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA), evalúa cada tres años a los treinta y cuatro países integrantes de dicho organismo y, a treinta y ocho países asociados, bajo el argumento de “medir el grado en el que los alumnos han adquirido conocimientos y habilidades necesarias para la participación en la sociedad del saber” (OCDE, 2016). La prueba es aplicada a los estudiantes de quince años que cursan secundaria y bachillerato, ya que son jóvenes cercanos a finalizar la educación obligatoria.
El pasado 5 de diciembre se dieron a conocer los resultados 2015. En el caso de México, la OCDE señala que “fueron decepcionantes”, al no alcanzar el nivel básico de competencias, con lo cual consideran, se expone a los jóvenes a no tener posibilidades profesionales en un mundo global.
En respuesta, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, ha justificado el fracaso de las políticas educativas, señalando que los resultados de la fallida reforma educativa se mostrarán en el largo plazo pero, ¿qué buscan mostrar, acaso la aspiración del gobierno es sólo incrementar el puntaje de la prueba PISA? ¿Es ese el sentido de una transformación en la educación pública? Tal pareciera que sí, que bajo el empeño de elevar la “calidad educativa”, la única vía posible son las pruebas estandarizadas.
Lo que hoy se discute en México a raíz de la publicación de los resultados de PISA, también está en el debate internacional, con iniciativas como el “Manifiesto contra PISA y la lógica estandarizadora de la educación en el mundo”, la cual circula en las redes sociales a iniciativa de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública y la Red Social para la Educación Pública en las Américas. Dicha iniciativa busca cuestionar el sistema PISA, no asumir sus resultados y sus puntajes como validación del estado de la educación en el mundo.
La prueba PISA será usada con diferentes fines: los países con puntajes altos se felicitarán a sí mismos por sus buenos resultados y justificarán que no haya aumento de presupuestos en educación. Los países con puestos más bajos, como México, harán señalamientos de culpa y aprovecharán los bajos resultados para impulsar políticas de control, que permitan a los organismos internacionales, como la OCDE, definir los objetivos, contenidos, la formación docente y el sentido de la educación toda.
Los resultados, en sí mismos, no pueden usarse como el indicador absoluto para validar la situación de la educación en el mundo. Sabemos que algo no anda bien en los sistemas educativos, por ello se debe reflexionar si lo que queremos para nuestros jóvenes es una educación que los entrene para las pruebas. Otra definición en la que la sociedad debe opinar es si el camino a seguir para mejorar la educación pasa por que los gobiernos sigan pagando miles de dólares a la OCDE por elaborar y aplicar estos exámenes, para que cada tres años nos digan que sigue mal el nivel educativo. Por cierto, en la versión para 2018, la prueba PISA se entregará a la millonaria empresa transnacional Pearson, por lo que los impuestos en México y de los 72 países en los que se aplica la prueba, servirán para enriquecer más a esa gran transnacional.
Profesora de la Facultad de Economía e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS, UNAM.
caceps@gmail.com
