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Según el Inegi, somos aproximadamente 121 millones 803 mil 321 habitantes, con una Población Económicamente Activa de 52 millones 918 mil 649 personas y una Población Ocupada de 50 millones 778 mil 629; de ese total, un millón 201 mil 517 son maestros de educación básica (Los docentes en México, Informe 2015). Apenas 2.3% de la PO y 1% de la población total.
El gobierno ha expresado que los maestros son una “minoría”, pero debemos precisar que es una minoría, frente al total de trabajadores de este país, que aún preserva ciertas condiciones laborales y que busca aportar a la transformación económica y social. Bajo las condiciones actuales de indefensión laboral, el tener trabajo se ha vuelto un “privilegio”, cuando debería ser un derecho, esto es precisamente lo que busca la reforma laboral disfrazada de reforma educativa.
El gobierno ha buscado, por diversos medios, hacer que la sociedad sea la que exija a los maestros que claudiquen, trata de convencer que éstos luchan por privilegios personales y apuesta al olvido de lo que generaciones pasadas ganaron: derechos humanos y laborales. Sin embargo, esto no ha sucedido, y lejos de eso, han sido cada vez más los que se suman y exigen la derogación de la reforma educativa, así como el establecimiento de una mesa de diálogo que discuta realmente lo que la educación de este país necesita.
Las manifestaciones que existen en todo el país son múltiples, el sur se ha mantenido en una masiva y constante movilización y aparecen en otros estados importantes protestas que se suman al rechazo de la reforma educativa; una de las muestras del alcance nacional de la resistencia magisterial se dio cuando trasladaron a los dirigentes de la Sección 22 al penal federal de Hermosillo, un grupo de maestros sonorenses se encontraba esperándolos en solidaridad y protesta por su detención. La distancia entre los maestros del norte y el sur se está acortando.
¿Responsabilidad de quién es lo sucedido en Oaxaca y Chiapas? ¿De maestros que han ganado legitimidad o de un Estado que ha abandonado su responsabilidad como garante de estabilidad social y laboral? No olvidemos que las movilizaciones de la CNTE en estados del sur se han caracterizado por contar con el respaldo de sus comunidades, que por cierto son estados donde existen los niveles más altos de pobreza y marginación social.
Pese a esto, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, continúa en su postura de no dialogar, y ha procedido con represión y un uso descomunal de la fuerza. Se ha dedicado a descalificar al magisterio y a promover en distintos actos los “beneficios” de la reforma educativa. ¿Por qué, si existen tantos beneficios, el titular de la SEP se niega a dialogar? Diálogo que ya no sólo debe ser con la CNTE, debe incluir a padres de familia, sector universitario, investigadores en el tema y organizaciones sociales que buscan discutir alternativas para mejorar la educación pública de este país.
Frente al encuentro realizado el 22 de junio entre la Secretaría de Gobernación y maestros de la CNTE, resta esperar, en los próximos días, la propuesta para llegar al diálogo, la construcción de una agenda y acuerdos a los que puedan llegar para solucionar el conflicto. Por lo pronto, la sociedad seguirá atenta.
Profesora de la Facultad de Economía e Integrante del Centro de Análisis
de Coyuntura Económica, Política y Social CACEPS – UNAM.
caceps@gmail.com
