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En días pasados se aprobó en el Congreso el nuevo presupuesto de gasto público para el año siguiente. Muchas han sido las voces de distintos actores sociales que demandaron frenar los recortes que incluye: rectores de universidades, organizaciones campesinas, sindicatos universitarios.
Desde la administración federal, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en repetidas ocasiones, nos ha dicho que es un presupuesto “austero”, ante las posibles contingencias por una situación económica volátil, que obedece a un ejercicio responsable de la política económica y que es inevitable, porque no hay dinero suficiente para mantener siquiera el nivel de gasto público de 2016, que registró dos recortes presupuestales en el año, el primero en febrero, por un monto de 132 mil 301.6 millones de pesos y el segundo en junio por un monto de 31 mil 714.8 mdp, es decir un total de 164 mil 16.4 mdp.
Con estos argumentos, las autoridades gubernamentales, justifican un nuevo recorte para 2017 por la enorme suma de 238 mil millones de pesos más.
Pero al analizar las cifras de la propia Secretaría de Hacienda, en los rubros que corresponden a los llamados “gastos fiscales” que no son sino los recursos que el fisco deja de recibir por concepto de exenciones, deducciones, tasas reducidas, regímenes especiales, diferimientos, aplicables en los impuestos sobre la renta de empresas y personas físicas, impuestos al valor agregado, impuestos especiales y estímulos fiscales, observamos que representa la exorbitante cifra de 670 mil 323 millones de pesos en el año 2016, esto nos lleva a cuestionar ¿cómo es posible que mientras el gobierno subsidia con cifras millonarias a los empresarios y sectores de altos ingresos, recurra a la afectación de derechos fundamentales como el de educación, la salud, la alimentación, con las restricciones presupuestales?
Para tener una idea de la magnitud de esta entrega de recursos principalmente a los empresarios, consideremos que el presupuesto para educación en el año que está concluyendo fue de 292 mil 826 millones de pesos, ya con los recortes incluidos. Esto es que si la Secretaría de Hacienda recaudara el monto de los “gastos fiscales”, podría triplicarse el presupuesto total en educación, o que los 123 mil 654 millones de pesos del gasto en salud, para este año podrían haberse multiplicado cuatro veces.
Es más, en este momento, el Congreso podría asignar los 139 mil millones de pesos restantes del remanente de 2015, reportado por el Banco de México, para echar atrás el recorte presupuestal en el nuevo presupuesto de gasto. Dinero sí hay para instrumentar una política económica distinta, voluntad política falta.
Profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, integrante del CACEPS.
caceps@gmail.com
