Más Información
La destrucción de la verdad histórica; la negación del gobierno para dar importancia al caso; los vicios en el procedimiento; el silencio y negación del ejercito; la cadena de custodia -que pone en duda cualquier resultado de Innsbruck-; el esfuerzo por desacreditar a los expertos internacionales; la permanente criminalización a los padres de los 43 y a los alumnos de Ayotzinapa y las normales rurales; el cambio de versión de todas las instancias de gobierno sobre la verdad histórica; un constante interés internacional, que ha creado la idea en el extranjero de que en México falta estado de Derecho: Esto es, en resumen el problema para el cual el gobierno no ha tenido una respuesta y que nos da a todos una sensación de indignación y falta de justicia…Los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa .
¡Fue el Estado! Esa fue siempre la consigna de familiares, estudiantes de la normal de Ayotzinapa, de la ciudadanía, e inclusive la comunidad internacional. La participación de la policía municipal y estatal, la posible participación y cuando menos el conocimiento por parte del Ejército, daban indicios de ello. Sin embargo, el Gobierno nunca acepto que se trataba de desaparición forzada y prefirieron mantener el caso como “secuestro y tortura”.
Mas aún, 11 días después la PGR decidió atraer el caso, contra todo protocolo intencional de desaparición forzada -que plantea las 72 horas como las mas importantes-. “Solo lo atraje porque hay indicios de secuestro diputada, no porque sea un crimen de lesa humanidad” me dijo en nuestra primera reunión, el entonces procurador Murillo Karam.
Durante estos largos días, la policía del estado al mando del inmutable Ángel Aguirre, y el ya casi olvidado y nervioso Iñaki Blanco hizo y deshizo con las pruebas e indicios del crimen.
Primero los buscaron en fosas, luego los quisieron criminalizar como vándalos en un enfrentamiento y cuando ya no podían con tanto “ruido social” se sumo: la evidente participación de la policía municipal de iguala, los señalamientos de los estudiantes sobrevivientes sobre abusos del ejercito, la aceptación de que la policía estatal sabia del caso y nunca se movilizo; y la muy “surreal” fuga del alcalde de Iguala. Entonces un malhumorado Murillo Karam acepto intervenir en el caso, deslindándose de los primeros hechos.
La creación de una comisión Parlamentaria en la Cámara de diputados, cuyas primeras reuniones fueron desastrosas; solo trajeron mas distracción al centro del problema: “la desaparición forzada y el castigo a los culpables”.
Los resultados de esta comisión fueron poco productivos: los integrantes de la mayoría y sus aliados tenían consigna de evitar nuestra actividad; un presidente de la comisión del PAN que fue incompetente para reunirse con las ONG’s, con los estudiantes sobrevivientes, con los familiares o ya de menos, con las autoridades de Iguala o Cocula; una reunión con el ex gobernador Aguirre que parecía cuento de García Márquez, con historias increíbles y mal estructuradas que apestaban a mentira; y el inicio de un plan dibujado por los diputados locales que nos propusieron ‘desaparecer las normales rurales’ porque según ellos, eran nido de marxistas..
La llegada del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fue un elemento esperanzador para las familias y para la sociedad entera, que esperábamos más que una lacónica ‘verdad histórica’.
Su informe pone en aprietos al gobierno federal, pero también le da elementos para tratar de desviar la atención. Uno de ellos y que sale como elemento ‘nuevo’, es el quinto autobús. Una de las recomendaciones del Grupo es que se investigue una línea sobre el “posible” traslado de estupefacientes, la cual señala que, sin saberlo, los normalistas tomaron un autobús que contenía drogas y este fue el motivo por el cual fueron interceptados por el crimen organizado. Esta teoría abrió la puerta al gobierno para enviar la investigación a la SEIDO como si se tratara de un problema de crimen organizado y no de desaparición forzada y de una sistemática violación a los derechos humanos.
Un segundo elemento es el dicho de José Luis Torero perito peruano de que las periciales hechas en el basurero no son confiables. Esta afirmación, no solo destruye completamente la verdad histórica, si no que abre la puerta al gobierno, para solicitar un nuevo peritaje y empezar de nuevo en la investigación, “empezar desde cero”. Muy conveniente para no fincar responsabilidades a los creadores de la verdad histórica.
La realidad es que a un año de los acontecimientos, Ayotzinapa ni se olvida ni se resuelve.
El gobierno tendrá que tomar una decisión: Si su objetivo es encontrar a los 43, reconocer el delito de desaparición forzada bajo los estándares internacionales, castigar a los responsables, no solo materiales si no intelectuales y a quienes hayan falseado o inventado información para crear la verdad histórica; o simplemente desaparecer las normales rurales, criminalizar a sus estudiantes y a los familiares de los 43, desestimar cualquier participación del Estado para defender a esta administración de los hechos -que en la realidad son el resultado de años y años de impunidad, corrupción, infiltración del narco en el gobierno en cualquier instancia y en cualquier nivel-.
Si en realidad no se quieren verdades oficiales o políticamente convenientes como ha dicho el gobierno, es necesario transparentar la participación del ejercito y la policía federal, así como abrir una unidad especial para resolver el caso. No porque los 43 de Ayotzinapa sean mas importantes que los casi 26 mil desaparecidos, simplemente porque es ya un caso icónico y que tiene a esta administración, en la palestra internacional.
Master in Public Administration Harvard University
