Después de mucho esperar y ante un sigilo institucional, esta semana nos enteramos de cuál era el resultado de un largo y complejo análisis que la administración pública había llevado a cabo en materia de posibles cambios que se podrían dar respecto al consumo de mariguana. El resultado es poco halagador, incompleto, y en cierta forma incongruente. Me explico.
Los pronunciamientos que hizo el Presidente de la República en UNGASS 2016 en Nueva York, el martes pasado, y la presentación de la iniciativa de cambios a la Ley General de Salud y otros cuerpos normativos, el jueves de esta semana, reflejan una visión parcial y cortoplacista. Es necesario revisar las limitaciones de esa propuesta frente a una realidad que es mucho más compleja. Si bien es cierto el Presidente reconoce finalmente y en forma inequívoca el fracaso de la política prohibicionista, ante la oportunidad histórica de realmente optar por una política regulatoria (fortaleciendo al Estado y protegiendo a la ciudadanía) se decidió por aplicar una serie de medidas y paliativos que lejos están de ser la solución de fondo que el tema requiere.
Las propuestas que se contienen en el decálogo presentado por el Presidente Peña ante la ONU, y más específicamente la iniciativa de cambios de ley en nuestro país, se centran en los siguientes puntos:
1. La reducción de la criminalización del consumo personal a partir del incremento del gramaje para posesión simple que pasará de 5 a 28 gramos;
2. Permitir el uso medicinal y para fines terapéuticos de la mariguana; y
3. La posibilidad de excarcelar a personas que hubieran sido condenadas en el pasado por posesiones simples de entre 5 y 28 gramos.
Las medidas propuestas no atacan los problemas que la prohibición ha venido acumulando durante muchas décadas.
En lo que toca al aumento de la dosis lo que se omite abordar es que el suministro de la mariguana sigue siendo de un origen ilícito. El asunto es que el negocio real que ha hecho increíblemente potente a la delincuencia organizada deriva de la prohibición, misma que auspicia un mercado ilícito en todo el proceso de la cadena productiva. Esa cadena no se afecta en lo absoluto a través de las propuestas de cambio. Eso significa que el negocio ilegal sigue tan vigente hoy y lo seguirá siendo en el momento en que llegue a ser aprobada esta iniciativa.
Condenar a la ciudadanía a seguir teniendo contacto con la delincuencia para allegarse sustancias para su consumo personal es un error fatal, sobre todo cuando lo que debe suceder es que el Estado recupere el poder para controlar con instrumentos regulatorios el mercado completo de estupefacientes. Es de llamar la atención que el Estado no quiera fortalecerse y recuperar el control, particularmente en una coyuntura histórica en el que muchos países ya no están dispuestos a seguir apostando a una ruta perdedora. No obstante, el Presidente da un tenue paso que no modifica en nada los principios del prohibicionismo.
En lo que toca al uso medicinal tenemos el problema de que igualmente no se propició que la producción respectiva del insumo se pueda hacer en México. El no hacerlo implica seguir condenando a un enorme grupo de mexicanos que buscando solventar sus necesidades básicas a través del cultivo de mariguana y otras plantas, hoy tienen que trabajar para hacer ese suministro a través de y sujetos a la delincuencia organizada. La posibilidad de que se regularizara y que hubiera un esquema legal de producción, permitiría generar bases concretas de empleo, de pago de impuestos, y de relación formal con las autoridades. En estados como Guerrero y Michoacán, con vocación natural para crecer este tipo de plantas, no se apuesta a la regularización de grandes zonas que de esa manera gradual y cierta podrían resolver los grandes problemas de pobreza y disparidad. Esos campos sí existen en otros países, como Estados Unidos y Turquía, bajo un esquema legal y vigilancia estatal.
Aún queda tiempo para que estos temas no acabados, puedan ser corregidos y que, por ejemplo, se opte por un esquema como el que se contiene en la Ley General para Regular Cannabis, presentada por el senador Roberto Gil Zuarth, resultado de largos estudios para un esquema integral que reconozca las circunstancias vigentes en nuestro país. La suma de fuerzas políticas debería pasar una legislación que sí responda a las necesidades y atienda todos los problemas señalados. La oportunidad la tienen a su alcance y la ciudadanía seguirá exigiendo hasta que se logren las condiciones para recuperar el orden y la justicia que hoy no existen en la nación.
Así las cosas, las iniciativas y declaraciones del Presidente son incongruentes porque si bien es cierto critican que la prohibición no ha sido exitosa, en los hechos no la ha tocado ni ha disminuido en un ápice lo que son sus verdaderos componentes. El mercado ilícito sigue y seguirá intocado y próspero. Se ha hecho muy poco y muy tarde.
Secretario general de la fundación México Unido contra la Delincuencia e integrante de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante
