Lo que está sucediendo en estos momentos en la CDMX, respecto a la verificación vehicular, es inconcebible. La mayoría de los verificentros en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) se encuentran cerrados para evitar las clausuras que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por no contar con la certificación de sus equipos. Por un lado, la Secretaría del Medio Ambiente en la CDMX (Sedema) afirma que los inspectores de la Profepa desconocen los esquemas de operación de los verificentros, y a la vez, el responsable de la Profepa dice que los directivos de los Centros de Verificación ni siquiera saben a qué Unidades de Certificación acudir para revisar sus equipos.
Se supone que durante los 90 días que duró el Programa Hoy No Circula “ampliado”, las autoridades tanto federales como locales, harían una revisión y evaluación de todo el Programa con objeto de mejorarlo y de garantizar su efectividad frente al grave problema de contaminación. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), publicó una norma emergente, la NOM 167 EM-SEMARNAT, que hace mucho más estrictos los niveles de emisiones de los vehículos y establece nuevos esquemas de verificación a través de la OBD II (computadora de diagnóstico a bordo) para vehículos modelo 2006 en adelante. De acuerdo a esta nueva norma, la verificación a partir del 1 de julio para estos modelos se haría exclusivamente a través de este diagnóstico, sin tener que utilizar el sistema de los dinamómetros, lo cual se haría solo para vehículos de modelos anteriores.
Sin embargo, cuando se suponía que el Programa estaría a punto para el arranque del Programa de Verificación ya con los nuevos parámetros de la NOM167, ha sucedido todo lo contrario; los automovilistas con placas 5 y 6 y engomado amarillo, están padeciendo un verdadero clavario todos los días sin poder efectuar la prueba a su coches. La Profepa, la Sedema y los dueños de los verificentros no se ponen de acuerdo, mientras que estos últimos decidieron unilateralmente cerrar sus puertas sin la autorización de la Sedema, misma que estaría obligada a sancionarlos e incluso, hasta cancelarles los permisos de operación.
Por otra parte, a los vehículos de modelo reciente, además de hacerles el diagnóstico a través de la OBD II, como lo indica la norma, les están aplicando también la prueba en el dinamómetro para revisar el nivel de emisiones. Entonces, ¿para qué una nueva norma si al final cada quien hace lo que le viene en gana? Lógicamente, los tiempos de la prueba se alargan por esta doble revisión y las filas de espera se eternizan.
Además, la Sedema incorporó una modalidad francamente ridícula que consiste en la colocación de aparatos muy sofisticados en distintos puntos de la Ciudad para detectar autos “ostensiblemente contaminantes”, cuando es evidente a los ojos de todo mundo que camiones de carga, materialistas y de transporte público, circulan como verdaderas chimeneas rodantes sin que la autoridad les diga absolutamente nada.
Si no se corrigen estas fallas, esta nueva etapa de verificación vehicular está condenada al fracaso. Al hacer más complejo el proceso de verificación, seguramente se promoverá mayor corrupción y se perjudicará a millones de capitalinos, sin contribuir realmente a solucionar el gravísimo problema de contaminación.
En Ciudad Posible, hemos hecho dos recomendaciones principales que considero pueden contribuir a mejorar el Programa de Verificación Vehicular de manera inmediata:
1) Incorporar alta tecnología en los sistemas de verificación y certificar también a talleres especializados y de agencias de autos para facilitar y simplificar las pruebas a los automovilistas; el sistema como lo propone la NOM167, es vigilado por computadoras centrales que autorizan la verificación, de tal modo que puede perfectamente dar nuevos permisos a otros talleres especializados para que realicen la verificación.
2) La verificación debe hacerse una sola vez al año como sucede en muchas ciudades importantes en el mundo; está comprobado técnicamente que solo los vehículos de uso extensivo como taxis y camiones de transporte público requieren hacerlo cada seis meses, pero no así los vehículos de uso particular. Esto ayudaría a descongestionar y reducir los tiempos para realizar la verificación.
Las autoridades deben actuar con rapidez para corregir los errores y fallas en los nuevos esquemas de verificación, de no hacerlo, todo el esfuerzo en los cambios se vendrá abajo.
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