El pasado 7 septiembre la SHCP entregó, como parte del Paquete Económico, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. En él se plantea un presupuesto de 4 mil 837.5 millones de pesos (mdp), esto representa un recorte de 239.7 millones de pesos con respecto al aprobado en 2016. De aprobarse dicho proyecto, se superará la restricción de 70 mil millones de pesos aplicada en el presente año.
La caída de la renta petrolera ha llevado a las finanzas públicas a una etapa crítica. La cobija no alcanza y las tensiones sociales se han incrementado, por ejemplo, será difícil mantener la coexistencia entre los recursos públicos necesarios para mitigar la pobreza y los regímenes especiales de tributación que han beneficiado a las grandes empresas.
Ante la emergencia, el gobierno federal no puede incrementar los impuestos, pues se lo impide el Acuerdo de Certidumbre Tributaria que firmó en marzo de 2014.
Por lo tanto, para mantener la estabilidad y controlar el crecimiento de la deuda pública, se ha profundizado la austeridad presupuestaria y se busca alcanzar un superávit fiscal primario (ingresos menos gastos públicos, descontando el costo financiero de la deuda pública) de 0.4% del PIB.
El diagnóstico convencional es el mismo de siempre: el problema es el exceso de gasto público que desplaza las inversiones del capital privado, genera inestabilidad e incrementa la deuda pública.
Sin embargo, esta lectura omite el hecho de que para garantizar la estabilidad de la moneda en un entorno de capitales volátiles, se ha recurrido a un creciente endeudamiento público y se ha renunciado a la posibilidad de establecer una política fiscal contracíclica.
La austeridad, como lo demostró Alain Parguez a principios de años ochenta, es un régimen permanente impuesto por el Estado a la sociedad civil para limitar su gasto y adaptarla a las leyes del mercado. La austeridad, aplicada al presupuesto afecta principalmente a los sectores de la población con menores ingresos, que hacen uso de los bienes y servicios públicos.
A nivel macroeconómico, la falta de gasto disminuye los ingresos de las familias y las empresas que realizan operaciones en moneda local. De esta dinámica solamente pueden escapar aquellos agentes que en el mercado interno mantienen posiciones oligopólicas, los que están vinculados a cadenas globales de producción o los que reciben subvenciones públicas a través de las Asociaciones Público Privadas.
Todos queremos un gasto eficiente, transparente y fiscalizado, que contribuya a dinamizar la economía y un gobierno sin lujos. La austeridad presupuestaria, mal concebida, rompe con la solidaridad social que debe prevalecer entre los distintos estratos de ingresos de la población y anula la posibilidad de construir comunidades sanas con oportunidades de una vida plena.
Integrante del Centro de Análisis de
Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS-UNAM.
caceps@gmail.com