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En el Presupuesto de la Federación para 2016 aprobado la semana pasada (4.7 billones de pesos), la inversión pública registrará un recorte del 21 por ciento. Esto es una pésima noticia para las expectativas de crecimiento y generación de empleo.
La falta de recursos para la inversión pública determina que el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales recurran crecientemente a esquemas de Asociaciones Público Privadas (APP) para generar obras de infraestructura.
Las APP son una pieza fundamental en la estrategia económica del gobierno de Enrique Peña Nieto. El Plan Nacional de infraestructura 2014-2018 tiene como meta de inversión de 7 mil 751 millones de pesos, de los cuales se espera que más de la tercera parte sean financiados con fondos privados.
Los gobiernos argumentan que las APP permiten la creación de infraestructura sin la necesidad de incrementar el gasto público ni la deuda pública.
Sin embargo, retomando el argumento del economista chileno Eduardo Engel, las APP no liberan fondos públicos, porque los recursos que deja de invertir el gobierno deben ser iguales a la corriente de ingresos que genera el activo público cedido en concesión. Por ejemplo, el gobierno puede ahorrarse en el presente la inversión en hospitales o carreteras, pero tendrá que pagar en el largo plazo los ingresos que generen la renta y administración de esos inmuebles o ceder las cuotas de peaje.
Las APP generan necesariamente deuda pública, no importa que ésta se oculte como gasto corriente y que sea emitida por los vehículos para fines específicos. El Estado es el garante de última instancia de dichos compromisos.
Entonces las APP se justifican por las ganancias de eficiencia. El mismo Engel considera que las limitantes en la organización de la agenda pública son la principal causa para abrir la puerta a las empresas privadas.
En los hechos, los contratos de APP son asignados a grandes corporaciones privadas y la competencia se reserva para la etapa de licitación, porque posteriormente las empresas ganadoras obtienen un monopolio sobre un bien o servicio público que puede durar entre dos, tres o más décadas con garantía del Estado.
Las empresas públicas tienen por objetivo el bien común y no existe ninguna razón per se, que les impida ser eficientes. También tenemos que reconocer que las sobrecargas de trabajo están presentes en los niveles medios y bajos de la administración pública y que el estigma del “burócrata” que depreda al Estado es convenientemente explotado por quienes lucran con la apropiación de los bienes públicos.
Entonces, si no liberan recursos públicos, si las ganancias de eficiencia de los capitales privados “competitivos” son tan endebles e hipotecan los ingresos públicos futuros, ¿por qué implementamos esquemas de APP?
Si el problema central es la falta de fuentes de financiamiento para solventar la generación de infraestructura, por qué el Banco de México no retoma el objetivo de crecimiento económico, por qué no reactivamos a la banca de desarrollo, por qué no podemos implementar déficits públicos no inflacionarios que financien a sectores estratégicos. O seguimos comprometidos con el estancamiento económico y la crisis social permanente.
La falta de espacios de rentabilidad dentro de economías estancadas, como la mexicana, lleva a la entrega de bienes y servicios públicos a las grandes corporaciones privadas. Esos espacios de rentabilidad los genera el Estado con su gasto.
Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social (CACEPS) de la UNAM
