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Se ha desatado una polémica en relación con el señor Arne aus den Ruthen, city manager de la delegación Miguel Hidalgo y su empleo de redes sociales para denunciar a ciudadanos que violan normas de la Ley de Cultura Cívica o del Reglamento de Tránsito. Se le ha acusado de exhibir a menores de edad en sus videos de denuncia y de abusar en el empleo de este tipo de medios para poner en la picota pública a ciudadanos. Pero también cuenta con muchos defensores que entienden que este tipo de medios contribuyen a reducir la impunidad con la que muchos ciudadanos violan las reglas. A la polémica se acaba de sumar la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX que anunció que recibió tres quejas y ha iniciado una investigación. Ello suscitó nuevos jaloneos en las redes y en los medios tradicionales. Desde los que acusan de inútil y parcial a la Comisión hasta los que estiman que es una oportunidad para impartir justicia ante un funcionario abusivo.
El fenómeno es característico de la cultura de las redes, la proclividad al juicio rápido opaca a los temas de fondo y tergiversa la discusión.
Las preguntas detrás de esta discusión tienen que ver con el empleo de las redes sociales como un instrumento para la vergüenza pública, la eficacia de la vergüenza pública como herramienta para construir ciudadanía, el uso de recursos públicos para financiar instrumentos de vergüenza pública y la vergüenza pública y el derecho a la privacidad. El fenómeno es nuevo y no hay respuestas claras ni definitivas. A continuación destacamos solamente tres problemas.
¿Conviene emplear la vergüenza pública como un instrumento para propiciar el cumplimiento de las normas? El método ha sido empleado desde hace mucho tiempo y ha probado dar algunos resultados. En el ámbito urbano hay experiencias exitosas en Colombia, en donde se ha logrado modificar patrones de conducta en automovilistas, por ejemplo. No obstante, su eficacia como herramienta de política pública dista mucho de ser un debate cerrado.
En segundo lugar, está el tema de las redes sociales como un instrumento de difusión de la vergüenza pública. Aquí la cuestión es más polémica. Las redes sociales son instrumentos muy eficaces de difusión. Sin embargo, la información que ahí circula tiene un carácter muy diverso al de otras fuentes. La información en redes sociales circula muy rápido y propicia conductas muy agresivas en contra de las personas. Son muy conocidos los casos en los que personas han sido “linchadas” virtualmente por las redes sociales. En ese sentido, el empleo de las redes exige cautela.
En tercer lugar, se encuentra el tema del derecho a la imagen y no el de protección de datos personales. Desde luego que las personas tienen derecho a la protección de su imagen. ¿Pero el derecho a la protección a la imagen implica que quien viola una norma en la vía pública merezca esa protección? Los derechos no son ni ciegos ni absolutos. Entonces, la pregunta tiene que ver con si es posible exhibir infractores en flagrancia, hasta dónde y con qué medios. En materia penal, por ejemplo, el debate aconseja cautela. Incluso se puede cuestionar si es legítimo que la autoridad destine recursos públicos para hacerlo.
La estrategia del city manager es novedosa y parece tener un objetivo legítimo: lograr que las personas respeten las normas vigentes en la ciudad. Hay un esfuerzo importante por crear civilidad y se aplaude el esfuerzo por innovar. No se cuestiona el fin, sino los medios. Por eso, es conveniente que la Comisión de Derechos Humanos genere un posicionamiento al respecto. Precisamente en ese tono de civilidad es conveniente que llevemos el debate a un marco de derechos humanos y establezcamos con claridad qué es lo que se puede hacer y cómo.
Insistimos, no hay nada claro al respecto. Lo que no se puede hacer es descalificar de inicio a la Comisión por iniciar una investigación. Así lo hizo el city manager al difundir por las redes sociales el mensaje “recomiéndamesta”. Eso es una señal de falta de civilidad de un funcionario público. Irónicamente, el problema empezó porque este funcionario pretende hacer que las personas se comporten cívicamente.
Hace bien la delegada en anunciar que acepta el debate sobre la conveniencia del empleo de las redes para generar vergüenza pública y generar transparencia en la actuación de las autoridades. Donde su posicionamiento deja de ser claro es cuando señala que la regulación de esta actividad implica censura, afecta derechos de las víctimas o es propio de teocracias. Dejemos los juicios rápidos y los excesos a quienes en uso de su libertad de expresión reaccionan intempestivamente en las redes. Lo que necesitamos es un debate serio e informado.
Profesores investigadores del CIDE
