Enorme tarea se ha echado encima el nuevo presidente del PRI a nivel nacional, Enrique Ochoa Reza, que bien haría en obedecer a lo que ordena su segundo apellido, pues para conseguir su objetivo deberá enfrentar diez grandes retos.
En primer lugar, deberá hacer frente a la oposición de diversos sectores del priísmo tradicional que no han visto con buenos ojos su designación al considerarla como una imposición del presidente Enrique Peña Nieto, que no ha tomado en consideración a los diversos grupos de poder al interior del partido o a “las bases del mismo”, como suelen señalar. Entre ellos se cuentan ex presidentes del PRI, gobernadores en funciones y ex gobernadores como Ulises Ruiz, de Oaxaca, e Ivonne Ortega, de Yucatán, quienes, de diversas maneras, han hecho públicas sus dudas en torno a tal designación.
En segundo lugar, las críticas internas relacionadas con su arribo a la presidencia del PRI se verán complementadas por acusaciones que tienen como objetivo golpear su honestidad y credibilidad toda vez que, para ocupar un puesto dentro de órganos electorales, en dos ocasiones mantuvo en silencio su militancia priísta, misma que finalmente se vio obligado a aceptar al pretender convertirse en consejero electoral a nivel federal, en el año de 2010. Militancia que, por otra parte, se ha convertido en uno de los argumentos que permiten poner en cuestionamiento su actual nombramiento.
En tercer lugar, tendrá que enfrentar las resistencias de quienes dentro del partido tienen cuentas pendientes por acusaciones de corrupción, ya como gobernantes, ya como funcionarios de muy alto nivel, y quienes tendrían sobradas razones para no otorgar su apoyo a la formación de un nuevo órgano anticorrupción al interior de su instituto político, como anunció el mismo Ochoa Reza.
En cuarto lugar, Ochoa deberá atender, antes de concretar su intención de crear un órgano anticorrupción, un caso más que ha salido a relucir en los últimos días, la duda sembrada a raíz de una investigación periodística realizada en 2014 por la revista Proceso y Reporte Índigo, año en que hizo público su patrimonio al asumir el cargo de director general de la Comisión Federal de Electricidad, mismo que incluía una flotilla de 109 taxis, radicados en la Ciudad de México, Monterrey y Puebla, adquirida en su mayoría en el año 2000, así como obras de arte, compradas durante el periodo en que el funcionario era estudiante, profesor de la UNAM o desempleado. Lo relevante del caso es que dichos bienes no coinciden con los ingresos del ex consejero electoral, profesor de la UNAM y ex funcionario de la CFE.
En quinto lugar, suponiendo que logrará crear dicho órgano, deberá resistir las presiones venidas de otras fuerzas políticas y de la misma sociedad organizada para no hacer pasar por ese mismo tamiz a funcionarios públicos del más alto nivel acusados de poseer bienes, como casas que no corresponden, como se acusa en su caso, con sus ingresos a lo largo del tiempo. En este caso, la duda principal será, ¿cómo podrá alguien presionar para que se atiendan y sancionen casos de corrupción al interior de su partido, cuando tal sospecha recae sobre sí mismo?
En sexto lugar, no conforme con los obstáculos que tendrá que remontar al interior de su partido para crear un nuevo órgano anticorrupción y, en general, para transformar al PRI, ¡ahora sí!, en un nuevo partido, pretende erigirlo en el guardián de la moralidad de otras fuerzas políticas como el PAN y el PRD.
En séptimo lugar, además de “reformar” a su partido, para lo cual habrá de visitar todas las sedes estatales del PRI en las entidades federativas, a decir de él mismo, deberá atender la inminente elección de 2017 en estados como Coahuila, Nayarit y Estado de México, este último gran bastión de votos del PRI, cerca de 11 millones de votantes y cuna del grupo político del mismo presidente Peña. Así que al mismo tiempo que “remodela” la casa y cambia la imagen que los votantes se han hecho de ésta, deberá prepararla para intentar ganar las elecciones del próximo año y de ahí la Presidencia en 2018. Todo en tan sólo dos años.
En octavo lugar, tendrá que afrontar las presiones que dentro del PRI se han desencadenado por la carrera hacia el 2018, en la que diversos grupos y posibles candidatos deberán jugar sus mejores cartas. En su caso, se le asume a él como alguien cercano a Peña Nieto, pero, sobre todo, ligado al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, uno de los funcionarios más importantes del gabinete presidencial y, por tanto, uno de los fuertes precandidatos presidenciables.
En noveno lugar, deberá manejarse como presidente nacional del PRI al mismo tiempo que los hacedores de listas ya lo ubican como posible presidenciable. ¿Cómo sustraerse a la tentación de competir por la candidatura a la Presidencia de la República? ¿Cómo compaginar ambas agendas? ¿Cómo evitar que una vicie a la otra? ¿Cómo competir contra su mentor o no convertirse en su plan “B”?
En décimo lugar, tendrá el desafío más importante: evitar que la autocrítica que pretende que ocurra al interior del PRI se convierta en enfrentamientos que coloquen al partido al borde de otro desgajamiento, como el ocurrido en 1987, cuando un grupo de inconformes con la ruta emprendida por el partido decidieron salir y dar forma a un nuevo instituto político. En corto, su reto mayor será reconstituir y mantener la disciplina partidista y el espíritu de cuerpo tan resquebrajados en los últimos años, en particular por la indisciplina y corrupción de la mayoría de los últimos gobernadores salidos de sus filas.
Académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana
