La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de un criterio de clasificación arancelaria de julio del 2014, aumentó sorpresivamente de cero a 15 por ciento el arancel para la importación de paneles solares fotovoltaicos.
Este “nuevo” arancel, que implica un fuerte incremento al costo de proyectos solares en México, es contrario a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación del 18 de junio de 2007 y al Decreto que modifica la tarifa de la Ley del 26 de noviembre de 2012, que garantizan un arancel exento para los paneles solares. Estos ordenamientos buscaban generar certidumbre jurídica a los inversionistas y promover las energías renovables en el país, algo muy necesarios en estos días en los que tenemos que iniciar de manera seria y responsable una transición energética de los combustibles fósiles a los renovables.
El incremento es también contrario a las políticas gubernamentales de promoción de las energías limpias y renovables, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como a los objetivos y compromisos de México a nivel nacional e internacional para enfrentar contundentemente los desafíos que nos plantea el cambio climático y sus efectos devastadores por la alta vulnerabilidad que tiene nuestro país ante este fenómeno global, un ejemplo de estos compromisos que adquirimos ante la comunidad internacional tiene que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 30 % para el 2020 y un 50 por ciento para el 2050, este último en función de las emisiones del año 2000.
Este nuevo arancel pone en serio riesgo la inversión y el desarrollo de proyectos de generación de energía solar en México. Los paneles solares son insumos fundamentales para la construcción de parques generadores de electricidad ya que concentran el 60 por ciento de su costo total. Su fabricación en el país es mínima y claramente insuficiente para cubrir la demanda actual. Por ello, la aplicación de un arancel afecta los proyectos de inversión en energía fotovoltaica. Considerando la vida útil de los paneles solares de 20 años y una tasa de descuento de 12 por ciento, en valor presente, un arancel del 15 por ciento que se paga al inicio de la inversión equivale a un impuesto de 40 por ciento, lo que lo vuelve prohibitivo.
Actualmente hay 36 proyectos de generación de energía solar “en curso” por un monto aproximado de 4 mil millones de dólares de inversión, lo que representaría una capacidad instalada de más de 2 mil Megawatts. No obstante lo anterior, los proyectos referidos se encuentran detenidos debido al impacto ocasionado por el arancel impuesto a los paneles solares. El incremento de aranceles podría considerarse en un momento dado como una medida equivalente a una expropiación dado que significa un cambio arbitrario en las reglas de inversión originalmente fijadas en la Ley de 2007 y en el Decreto de 2012, donde se ratifica la exención de aranceles a la importación de paneles solares.
De manera atinada, el gobierno del Presidente Peña Nieto se ha trazado metas ambiciosas en términos de generación de energías limpias. El objetivo es que para 2018 el 25 por ciento de la electricidad en el país sea generada a partir de energías renovables y tecnologías limpias, para llegar a 35 por ciento en 2024. Además, se ha establecido la necesidad de diversificar la matriz energética en el largo plazo y aprovechar el alto potencial solar en más del 75% del territorio nacional que cuenta con índices óptimos de irradiación.
Con miras a la COP 21 de cambio climático a celebrarse en París, Francia, hacia finales de año, México ha hecho públicas sus contribuciones nacionales (INDC) para mitigar gases invernadero y carbón negro. México ha propuesto una reducción del 25 por ciento de emisiones al 2030, con posibilidad de alcanzar hasta un 40%, si cuenta con financiamiento y cooperación internacional. El fomento a las energías renovables, incluyendo la solar, se constituyen hoy en un instrumento fundamental para el logro de los objetivos en materia de cambio climático para México y el mundo.
Considerando todo lo anterior, resulta contradictorio que por un lado existan esfuerzos para impulsar las energías renovables y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y por el otro se impongan aranceles al insumo más relevante que los parques solares requieren para desarrollarse. Lo ya planteado sería discriminatorio, ya que otras tecnologías de energías renovables están exentas de pagos arancelarios. Organizaciones internacionales como el World Economic Forum, destacan la importancia de la inversión privada y las colaboraciones público-privadas que incluyan políticas integrales que reconozcan la economía verde como un elemento central del crecimiento económico y la prosperidad. En este sentido, el incremento del arancel a los paneles solares constituye un desincentivo a la inversión privada en energías renovables y un retroceso en el aprovechamiento de un recurso abundante en nuestro país.
Director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
