A Elisa Cárdenas y Florencia Gutiérrez, por la reflexión compartida
Reconociendo que la política es esencialmente conflicto, creo que deberíamos entender el mismo como el espacio para el diálogo, la negociación y el acuerdo. Apelar a esas estrategias no significa negar el conflicto, ni obviar su existencia; al contrario, demanda el reconocimiento de las diferencias y de la competencia por el poder. El reconocimiento del conflicto exige tolerancia y el respeto, indispensables para la dignidad social y política y para gestionar el conflicto.
En Latinoamérica los procesos electorales parecen poner al descubierto el rostro más distorsionado de la sociedad política organizada en partidos e instituciones. La coyuntura comicial exhibe la incapacidad de hacer de las elecciones el espacio para dirimir el conflicto.
El 23 de agosto, Tucumán, provincia de Argentina, fue titular de noticiarios y de diarios, locales y nacionales. Y lo fue porque ese domingo se celebraron elecciones provinciales, a dos meses de las presidenciales de octubre. Más allá de los actos de manipulación —acarreo de votantes, entrega de despensas—, la atención sobre esta región la desataron dos factores: la quema de poco más de 40 urnas por miembros o simpatizantes de dos de las alianzas en competencia (el Frente para la Victoria, oficialista; y el Acuerdo para el Bicentenario, oposicionista) y la represión estatal desatada en contra de una manifestación ciudadana que denunciaba fraude.
Ninguno de esos actos tiene justificación. Lo grave es la presencia de violencia en sociedades que cuentan con mecanismos e instituciones de participación ciudadana.
Descreídos de los resultados, un grupo de ciudadanos salieron la noche de la elección y se concentraron frente a la Casa de Gobierno, para denunciar el fraude. Algunos de los manifestantes, por la fuerza, intentaron penetrar en las instalaciones gubernamentales y la respuesta fue el envío de policías que arremetieron en contra de ellos. La ciudadanía tiene derecho, innegablemente, a expresarse, pero en términos pacíficos. La violencia no debe ser justificada sólo porque viene de la ciudadanía. Peor fue, sin duda, la respuesta de las autoridades que evidenció la imposibilidad del Estado para responder a las críticas sin usar la fuerza. La violencia de Estado en contra de la ciudadanía es inaceptable. La violencia, venga de donde venga, es inadmisible: tan censurable la del Estado como la promovida por los partidos políticos y los medios.
Investigadora del Instituto Mora