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La generalización simple se contrapone por principio al análisis riguroso y preciso. Es el caso del artículo del Sr. Tejado Dondé, Crimen organizado en el Congreso, en el que sostiene que el trabajo de las autoridades electorales en materia de fiscalización está mal hecho y con ello sugiere que los cargos de elección para integrar la Cámara de Diputados están ocupados por ciudadanos de dudoso perfil. Incluso, llama “indiciados” a 79 diputados electos, sobre quienes se presentaron quejas por posible rebase de topes de gastos de campaña: ¿en qué norma el rebase es un crimen?
Ofrezco elementos y datos duros, objetivos y verificables, para valorar el trabajo del INE en materia de fiscalización, con el interés no sólo de aclarar afirmaciones al menos imprecisas, sino también porque el tema reviste una importancia que exige claridad, rigor y veracidad.
1. El INE aprobó un presupuesto para fiscalización en 2015 de 244.2 millones de pesos, ni un peso más. De ese presupuesto, 61 millones se previeron para contratar a un proveedor que desarrollara e implementara el Sistema de Contabilidad en Línea que mandata la ley. El contrato con la empresa Scytl no se rescindió “por diferencias con el INE”, como afirma el articulista, sino por un incumplimiento probado y demostrado de la empresa. El INE NO gastó esos 61 millones de pesos y, por el contrario, la empresa pagó la pena correspondiente. Fue así que el INE tuvo que hacerse cargo del sistema, que desarrolló con apoyo de la UNAM (a la cual pagó 4.4 millones, y no 25 como lo afirma el Sr. Tejado), y que posibilitó la revisión y compulsa de un millón 99 mil 619 operaciones de candidatos y partidos. El sistema desarrollado por el INE es la herramienta que posibilitó la implementación de la reforma político electoral en materia de fiscalización.
2. Para cumplir con su obligación de fiscalizar todas las elecciones en el país, el INE fiscalizó los recursos de 13 mil 550 candidatos a distintos cargos de elección popular, equivalentes a más de 3 mil millones de pesos. En total, se revisaron 22 mil 913 informes de campaña en un plazo récord de 44 días. ¿Sirvió de algo? Juzgue usted. El INE pudo detectar y demostrar gastos no reportados por más de 106 millones de pesos; verificó un padrón de 19 mil 86 proveedores de partidos; obtuvo 40 mil 66 testigos de propaganda en vías de comunicación y detectó 6 mil 863 inserciones en medios impresos.
3. Como resultado, el INE comprobó el rebase de tope de gastos de 32 candidatos, ninguno en la hipótesis de nulidad, debido a que, de acuerdo a la ley, no basta con rebasar los topes para anular una elección: es necesario que el rebase sea por más de 5 por ciento, también se requiere que quien haya rebasado sea el ganador, y que entre éste y el segundo lugar haya menos de 5 puntos de diferencia. La consecuencia final: el INE impuso a los partidos sanciones que sumaron más de 339 millones de pesos.
4. Finalmente, lo que resolvió el TEPJF el 20 de agosto no fue sobre la fiscalización y los dictámenes consolidados aprobados por el INE, como afirma Tejado. Lo que resolvió fueron impugnaciones sobre resoluciones de 249 procedimientos sancionadores (quejas) resueltos por el Consejo General del INE el 12 de agosto; sólo 8 fueron revocadas por el Tribunal.
¿Será que la historia nos volverá a alcanzar? Un artículo del Sr. Tejado de junio de 2009, sostenía, refiriéndose a la inversión del entonces IFE para desarrollar el Sistema de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión (Siate), que “resulta inaceptable que se inviertan cuantiosos recursos en proyectos inoperantes.” Desde entonces, el Siate ha demostrado ser una herramienta eficaz que permite a la autoridad cumplir con su obligación de verificar que concesionarios de la radio y la televisión cumplan con transmitir la pauta ordenada por el INE. Los hechos nos dan la razón: trabajamos duro para que la historia nos ponga nuevamente de ese lado de la moneda.
Secretario ejecutivo de INE
