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La ley general de archivos es de gran relevancia. Su construcción inició en 2014, y ha contado con aportaciones de archivistas, expertos en rendición de cuentas y transparencia, diversas instituciones públicas federales y locales, del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación (AGN), el Comité Técnico Consultivo de los Archivos del Ejecutivo Federal y de la UNAM.
En el Senado se realizó un foro con la participación de expertos del INAI, del AGN, de la ONU y organizaciones de la sociedad civil.
A partir de este intercambio de opiniones, inscribimos una iniciativa de ley que ha sido el parteaguas de la discusión pública.
Tendremos de integrar una ley que cumpla con el objetivo de instaurar el Sistema Nacional de Archivos, mismo que incidirá positivamente en la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, estableciendo obligaciones específicas y procesos homogéneos para todas las entidades, los sectores públicos y privados, partidos políticos, personas físicas y morales, sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad.
Queremos que los ciudadanos accedan a la memoria histórica y sean un vigilante cotidiano de la función pública dentro del marco de la ley.
Tengo la convicción de que lograremos atender de manera sistematizada todas y cada una de las propuestas planteadas en armonía con el sistema nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, dentro del marco constitucional.
El reto sobre la organización archivística de México no es fácil, por lo que en esta etapa inicial consideramos fundamental la rectoría del Estado para lograr el objetivo. Necesitamos una estrategia unificada e integral que genere eficiencia y cohesión institucional.
En un futuro habremos de evaluar el cumplimiento de objetivos y metas que permitan, quizás, crear un instancia autónoma coordinadora de archivos. Sin duda, como ocurrió con el IFE y el IFAI.
El proyecto que ahora discutimos en el Senado pone al frente de la política archivística del país al Consejo Nacional, al ser órgano rector del Sistema Nacional, y contará con un Secretariado Ejecutivo representado por el titular del Archivo General de la Nación.
De manera trascendental, el AGN contará con un Consejo Técnico y Científico Archivístico que será la piedra angular del sistema y diseñará, en conjunto con el AGN, la política archivística de nuestro país. Formado por 13 integrantes designados por el Consejo Nacional, mediante convocatoria pública a representantes de instituciones de docencia, investigación, preservación de archivos, académicos y expertos destacados en la materia.
En sus opiniones radica la trascendencia de la actuación de todos los sujetos obligados, ya que será en el seno del Consejo Nacional, con la potestad conferida a través de la representación de todos los sectores, el espacio dónde se determinen los lineamientos y reglas para hacer efectiva la política archivística nacional, tomando siempre en consideración las propuestas planteadas por el Secretariado Ejecutivo con el aval del Consejo Técnico.
Quienes aseguran que la Segob tendrá un control político de los archivos dejan de ver que su rol dentro del sistema está delimitado a presidir el Consejo Nacional y que en este tránsito hacia la consolidación del Sistema Nacional de Archivos es más una necesidad de coordinación institucional para generar el interés de los titulares de toda la administración pública federal y de las entidades federativas, por las facultades de coordinación que la ley así le mandata.
Finalmente, quiero aclarar que buscamos la conservación y preservación de la memoria histórica en México. No habrá control de la información en los estados y municipios. Estará abierto a la sociedad el acceso a la información y a la documentación. Los documentos históricos tendrán acceso público y libre.
Para ello, garantizaremos la modificación del artículo transitorio décimo cuarto, a efecto de que las transferencias documentales se den en estricto apego a la legislación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, sin mayores requisitos que aquellos dispuestos en estas leyes y bajo el principio de máxima publicidad de la información.
La tarea de generar un Sistema Nacional de Archivos eficaz es de todos y en ello estamos seguros de que construiremos los acuerdos necesarios para lograrlo.
Senadora del PRI
