El pasado 4 de abril, el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano, anunció la puesta en marcha del programa “Más X Coche”, que es un apoyo a los usuarios de automóviles particulares afectados por el “hoy no circula” e incluye medidas como la gratuidad en trolebús, tren eléctrico y camiones RTP, la reducción de las tarifas de transporte concesionado, el descuento del 50% en el banderazo de 10 mil taxis de sitio, así como la instrucción de que los 1,561 vehículos para uso oficial a cargo de los servidores públicos de la Ciudad sean compartidos con ciudadanos de lunes a viernes. Esto es una reacción a los efectos negativos en los servicios de transporte relacionados con la movilidad de las personas.
¿Cuáles son las consecuencias en la disponibilidad de vehículos destinados al transporte de personas sin ruta fija por la pre-contingencia y la contingencia ambiental? La primera es la reducción de la misma por las restricciones en la circulación de todo tipo de automotores (incluidos taxis) y la segunda es el incremento de usuarios de este tipo de servicios, es decir, menor oferta más demanda.
Durante el doble hoy no circula escasearon los taxis y el servicio de transporte de punto a punto a través de aplicaciones de teléfonos móviles (ERT) estuvo saturado. En ambos casos, que utilizan vehículos de particulares, hubo un efecto económico significativo y las soluciones para cada uno de ellos fueron distintas.
La primer solución: las tarifas de Uber subieron puesto que el modelo de negocio se basa en una tarifa dinámica que aumenta cuando la demanda no se puede satisfacer con el número de conductores al volante disponibles y quien puede pagar más es el que recibe el servicio. El supuesto es que las tarifas altas incentivarán a que los choferes registrados en la empresa ofrezcan el servicio y estabilicen el precio en beneficio de los usuarios. La mano invisible del mercado en su máxima expresión.
Sin embargo, esta lógica no funciona con eficacia en situaciones especiales en las que la oferta es restringida por un acto de autoridad. Si el 40% de los “socios” de Uber no puede circular en sus automóviles, el resto, que si lo puede hacer, obtiene una ganancia extraordinaria (incluso indebida) en perjuicio de los usuarios. En términos coloquiales, ellos y quien controla las aplicaciones de los teléfonos móviles (el corporativo de la empresa) “hacen su agosto”.
De ahí que no extrañe que haya numerosas quejas en redes sociales por el aumento en las tarifas de Uber que va de 3.2x al 7.0x (un incremento del 320% al 700%). Por ejemplo, un viaje del Desierto de los Leones a la colonia Condesa costó, en el momento de mayor demanda no satisfecha, alrededor $1,700, que es el equivalente a un viaje redondo en autobús de la terminal del norte de la Ciudad de México a Guadalajara, en una línea de lujo.
Esta estrategia de negocio es igual al abuso que comete un taxista, cuando en la noche de anterior al día de reyes, desconecta el taxímetro e impone “su tarifa dinámica” a los padres de familia con los regalos sorpresa para los niños. En contraste, la empresa Cabify bajó su tarifa mínima (que es de $40) en un 25% para las categorías Lite (auto sedán mediano) y Executive (auto de lujo). No utilizan la tarifa dinámica en su modelo y hacen énfasis en ello para ganar mercado.
La segunda solución: la autoridad supervisora de los taxistas impone unilateralmente una reducción en la tarifa por solidaridad a los prestadores del servicio y, en caso de que no se respete, tiene la facultad de sancionar a quien incumpla o quien no utilice el taxímetro, tratando de aprovecharse de la situación. A dos situaciones similares un régimen jurídico distinto.
Hay que recordar que sobre el tema, la Comisión Federal de Competencia Económica ha recomendado que el marco normativo del servicio de traslado de personas punto a punto debía limitarse a tutelar la seguridad del usuario y debían evitarse restricciones a la competencia tales como regular esquemas tarifarios, entre otras, pero lo sucedido durante el doble hoy no circula le quita fuerza a la recomendación.
La contingencia ambiental es una oportunidad para reflexionar si la sujeción a un régimen de servicio público a una actividad como el taxi es totalmente obsoleta o se requiere necesariamente, en cualquier forma jurídica que adopte, una regulación protectora del consumidor, que evite la práctica de la “tarifa dinámica”, ya sea aquella determinada por una aplicación de teléfono móvil o que proviene del aprovechamiento de las circunstancias.
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
Profesor del INAP.
