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El 1 de septiembre comienza la LXIII Legislatura con la instalación de la Cámara de Diputados recientemente electa. Uno de los pendientes es la discusión y aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y demás normatividad relacionada. Esto es indispensable para que proceda la declaratoria para transformar a la Procuraduría en órgano autónomo constitucional y con ello la persecución de los delitos, el ejercicio de la acción penal y la representación de la sociedad en los juicios criminales dejaría de ser una facultad del Poder Ejecutivo Federal.
El proceso de dotar de autonomía al responsable de la dirección y organización del ministerio público y de la policía investigadora ha sido largo e inició jurídicamente con la reforma judicial de 1994 en la que las atribuciones de asesoría y representación jurídica del Presidente se repartieron entre la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Asimismo, la primera se eliminó del listado de dependencias y la segunda se adicionó.
El cambio consistió, esencialmente, en que el nombramiento del titular de la Procuraduría, a partir de ese año, debe ser sometido a la ratificación de una mayoría calificada de las dos terceras partes de la Cámara de Senadores y que el Consejero Jurídico asumió ciertas facultades que con anterioridad llevaba a cabo el Procurador. En términos presupuestales, la Procuraduría, que no es formalmente una dependencia, continúa dentro de los ramos pertenecientes la administración pública, con lo que tiene un trato igual a una secretaría de estado y su titular acuerda con el Ejecutivo Federal y puede ser removido libremente por éste.
Lo anterior fue un avance, ya que reforma de 1994 contribuyó a que en los asuntos penales de relevancia política, como los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, contaran con una garantía formal de imparcialidad en los proceso de investigación y procuración de la justicia, en la medida que la ratificación de la designación del Procurador requería del consenso de dos grupos parlamentarios con fuerza y representación suficientes para obtener la mayoría calificada exigida. En este esquema constitucional, un Presidente priísta, Ernesto Zedillo, designó en el cargo a un connotado cuadro panista, Antonio Lozano Gracia.
Sin embargo, la idea de que el ministerio público debía tener autonomía orgánica y presupuestal del Ejecutivo Federal se mantuvo. Desde el año 2000 se siguió impulsando la creación de una Fiscalía que compartiera la naturaleza de los órganos autónomos constitucionales y no dependiera de ninguno de los Poderes de la Unión. Lo anterior cristalizó en la reforma política del 2014, que incluso ordenó la existencia de dos fiscalías: una en materia de delitos electorales y otra en de combate a la corrupción, pero su existencia quedó condicionada.
Ahora, falta un importante paso. Discutir y promulgar las leyes secundarias correspondientes que es una condición que se puso en la reforma constitucional para que la Procuraduría completara su transformación en Fiscalía y que el Congreso haga la declaratoria de que es un órgano autónomo. Seguramente, este es uno de los pendientes que los grupos parlamentarios tomarán en cuenta en sus reuniones preparatorias de agosto para incluir el tema en la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones.
Profesor de la Universidad Anáhuac del Norte.
