Más Información
México y el mundo entero quedamos sorprendidos el pasado 17 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, cuando el titular del Ejecutivo federal anunció ante representantes del movimiento LGBTTTI la iniciativa para incluir en la Constitución el derecho al matrimonio igualitario, así como diversas modificaciones al Código Civil federal.
Algunos no daban crédito a que el presidente Peña Nieto, señalado por muchos como conservador, con su iniciativa confrontara a un conglomerado militante del trasnochado concepto de familia compuesta sólo e ineludiblemente por una mujer y un hombre, al que además le otorga en exclusiva el derecho a adoptar.
Lo cierto es que el responsable del Ejecutivo federal responde a una exigencia de muchos años de la comunidad LGBTTTI, el cual ha argumentado, entre otros, los principios de no discriminación y de igualdad, y responde a las obligaciones del Estado mexicano con el Derecho Internacional de los derechos humanos.
La propuesta de Peña Nieto tiene coincidencias con la iniciativa que presenté en 2013 para expedir la Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las Personas con Diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, la cual se encuentra en comisiones.
Es un buen momento para discutir la iniciativa de Ley General que adopta los Principios Yogyakarta y busca garantizar los derechos a la vida, al trabajo, la salud, la seguridad social, un nivel de vida digna, la protección contra abusos médicos, la libertad de opinión y expresión, la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, de movimiento, a formar una familia, a participar en la vida pública y cultural, entre otros derechos de la comunidad LGBTTTI.
Porque la orientación sexual y la identidad o expresión de género de las personas no debe impedir, ni obstaculizar la concreción de su proyecto de vida y el Estado debe garantizar a todos por igual la protección de sus derechos; asimismo la sociedad en su conjunto debe respetar el libre desarrollo de la personalidad de todos sus integrantes.
Concuerdo con las propuestas de abrir las puertas del Congreso para convocar a un debate nacional sobre el tema y sean escuchadas todas las voces, tanto las que están a favor, como las que se oponen, aunque el reconocimiento de los derechos humanos y su vigencia, defensa y protección por parte del Estado no pueden someterse a consultas o a encuestas, porque la obligación de las y los legisladores es garantizarlos mediante la reforma a leyes vigentes o la creación de nueva legislación.
El mundo está cambiando, nuestra sociedad se transforma dinámicamente y nuestra Constitución protege cada uno de los derechos humanos, por lo tanto, es necesario reconocer sin regateo alguno los méritos de la iniciativa del titular del Ejecutivo federal y trabajar en que su dictamen vaya más allá.
Estamos ante una gran oportunidad y debemos pugnar por concretar una gran reforma a nuestro marco jurídico para fortalecerlo y así garantizar que desde las dependencias encargadas de las políticas públicas se logre la más amplia protección del derecho que tienen todas y todos los mexicanos a expresar libremente su orientación sexual o su identidad de género, a formar una familia y a adoptar.
Demos el paso definitivo para erradicar de nuestro México la discriminación y los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
@angelicadelap
