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No exageran quienes enfatizan la trascendencia del momento que está viviendo la Ciudad de México. La instalación de la Asamblea Constituyente dará a la capital de la República la posibilidad de autoregularse en condiciones similares a las de otras entidades federativas. A partir del próximo año podremos contar —ahora sí— con una Constitución local que recupere los valores de quienes habitamos en esta gran urbe, que trace una ruta hacia los objetivos de esta comunidad política y que construya instituciones adecuadas para resolver los problemas más profundos.
Las condiciones de posibilidad para que de ese proceso resulte una Constitución de avanzada están dadas. Dada la probada trayectoria de algunos de los intelectuales que apoyaron al jefe de Gobierno en la redacción de su propuesta, es previsible que ésta cuente con elementos de valía para el trabajo de la Asamblea. Además, el cuerpo colegiado que redactará la Constitución refleja una enorme pluralidad, en términos partidistas, composición por edades y género, así como en cuanto a las posiciones ideológicas que sostienen algunos de sus integrantes. Inclusive el horizonte temporal (139 días) es generoso, si se le compara con el que tuvo el Constituyente de 1916-1917 para trabajar su documento (66 días).
Frente a esas enormes posibilidades, hay riesgos que deben ponderarse. Algunas constituciones locales en el mundo se limitan a transcribir lo dicho por la Ley Suprema nacional, sin lograr recuperar el sentir específico de su propia comunidad. Algunas otras tienen una vida muy corta, pues se imponen a una sociedad que piensa de manera distinta. Ginsburg, Melton y Elkins han encontrado que la vida media de una Constitución es de apenas 19 años.
Por eso es importante recuperar buenas prácticas internacionales que sugieren una participación ciudadana activa en todas las fases del proceso constituyente. Del análisis que a ese respecto realizó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se desprende que “la forma más habitual y acotada de participación ciudadana han sido los referéndums de ratificación de los nuevos textos constitucionales”.
El PNUD no se equivoca cuando afirma que la validación popular de una propuesta de texto constitucional es ahora el estándar. Desde hace 50 años, el referéndum es el instrumento de ratificación constitucional más utilizado en el mundo.
Algunos procesos que, como el de la Ciudad de México, involucraban a constituyentes designados culminaron en un proceso de ratificación por parte del voto popular. Es el caso de Argelia (1996), Ruanda (2003) y Marruecos (2011).
En otros casos, como el de Bolivia (2009), el referéndum logró resolver añejos debates que habían provocado mayorías muy inestables al interior de la Asamblea Constituyente. El texto final fue conocido y votado por 90% del electorado, lo que le dio una gran dosis de legitimidad.
Pero en materia de participación, los mejores ejemplos provienen de Islandia (2010) y Chile (en curso). El modelo previsto en ambos casos incorpora instrumentos de consulta y participación ciudadana antes de la elaboración de la propuesta inicial y al momento de su discusión por parte del Poder Constituyente. No obstante el alto grado de involucramiento de los ciudadanos y organizaciones en la hechura de su Constitución, al final se prevé un proceso de ratificación por parte de la sociedad.
La experiencia internacional ha mostrado las ventajas de consultar a la ciudadanía su apoyo al texto final. Hacerlo garantiza mayor longevidad para los preceptos, al tiempo que fomenta que sus contenidos sean conocidos, discutidos y asimilados por las sociedades. ¡Qué mejor inicio podría tener la naciente Ciudad de México!
Miembro del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México
@yuribeltranm
