A nuestro tiempo se le conoce como la era digital o de la información. El mote se justifica al existir un intercambio de datos intenso e instantáneo, a través de soluciones informáticas. Lo anterior ha dado razón a reconfiguraciones en la economía, las finanzas, las formas en que nos relacionamos unos con otros, la política e incluso de lo que conocemos por verdad.
Es fácil adivinar que estas nuevas condiciones son las que han encumbrado a la propia información como el activo más importante en toda forma de interacción humana. Por eso mismo, hoy más que nunca es imperativo tener mayor control del uso de datos personales. No obstante, quizá por la novedad o por desconocimiento, debemos comenzar por aceptar que aún existe una cantidad importante de pendientes en este sentido. Por ejemplo, de acuerdo con la Global Trends Survey 2017 de Ipsos, 56% de la población en México no lee por completo los términos y condiciones de una página web antes de aceptarlos, o que 84% de los mexicanos no ha configurado su computadora para incrementar su privacidad.
Ahora bien, las acciones para autodeterminar el uso de nuestros datos no pueden depender sólo de buenas prácticas individuales. Por eso es de celebrarse que el 27 de enero de este año se diera un paso importante al entrar en marcha la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), es decir en manos de cualquier autoridad en todo ámbito de gobierno, órganos autónomos, partidos, fideicomisos y fondos públicos. Se trata de una normativa innovadora e incluye medidas claras de apremio y sanción para quien la infrinja; además, impulsa la creación del Sistema Nacional de Datos Personales y fija estándares en la materia a los cuales las leyes locales deben apegarse.
Ahora el camino continúa. El siguiente paso necesario es el de la armonización de las leyes locales, documentos que deben hacer eco de la Ley General al mismo tiempo que reconocer las realidades y las necesidades específicas de las respectivas entidades federativas.
Armonizar las leyes, como sucedió en su momento con aquellas en materia de acceso a la información, permite garantizar un piso parejo para el ejercicio de derechos fundamentales en el Estado mexicano. Es una muestra de federalismo participativo y condición indispensable para avanzar en nuestra democracia. La tarea es relevante, ya que son necesarias disposiciones legales específicas para impedir que la información personal termine en las bases de datos de empresas y servicios que no solicitamos o, peor, sirviendo como insumos para cometer fraudes o extorsiones y contratar deudas.
Conscientes de la trascendencia de esta tarea, en el Inai lanzamos la “Estrategia para la armonización de la Ley General de Protección de Datos Personales en las Entidades Federativas”, la cual ha incluido jornadas de sensibilización, asesorías, diagnósticos, revisiones de proyectos normativos e incluso la elaboración de una ley modelo en la materia para impulsar en los Congresos locales la presentación y aprobación de sus respectivas iniciativas. Sin embargo, el plazo para tener armonizadas todas las leyes locales vence este 27 de julio, y un corte al 17 de este mes muestra que sólo 15 entidades federativas han aprobado los dictámenes correspondientes de ley y, de esas, únicamente 6 han publicado la normativa.
El problema para los Congresos que no han armonizado no es el incumplimiento mismo, sino que coloca a los habitantes de esos estados en una situación de vulnerabilidad e inequidad. Por lo anterior, invito nuevamente a las Legislaturas locales pendientes de aprobar sus leyes a hacerlo antes de que venza el periodo.
La protección de datos contribuye a mejorar la seguridad, a dar certeza a transacciones comerciales, a ejercer otros derechos como aquel al olvido o a la privacidad, entre otras virtudes. Desde la tribuna social favorezcamos que esta era de la información también se distinga por el reconocimiento de los derechos; y desde la legislativa, propiciemos los procesos para que esto sea posible.
Comisionada del Inai.
@XimenaPuente
