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La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es un logro de la sociedad en favor del derecho a saber. Uno de sus cuatro módulos, el del Sistema de Portales de Transparencia (Sipot), como lo hacía notar recientemente mi colega el comisionado Óscar Guerra, muy pronto contendrá la base de datos más grande del país, por encima del Registro Federal de Contribuyentes y del Registro Federal de Electores. Eso sí, con la importantísima diferencia frente a las otras bases referidas de que la mayoría de los datos contenidos en el Sipot serán públicos.
Además del logro técnico que implica, la Plataforma es una pieza fundamental del engranaje de combate a la corrupción en nuestro país debido a tres razones. La primera de ellas es que permite un acceso uniforme a una cantidad impresionante de datos, trayendo así luz sobre las acciones, funciones y resultados de los casi 8 mil sujetos obligados. La segunda, que logró que el ingreso de la información al Sistema fuera homologado justamente para evitar errores, cargas selectivas de datos o situaciones indeseadas similares. Finalmente, que, si bien el Sipot se nutre de lo que los sujetos obligados suben, el propio Sistema cuenta con la posibilidad de que la ciudadanía fiscalice lo ahí presentado y a manera de auditoría social, denuncie ante el Inai las omisiones existentes.
De lo anterior se puede deducir que subir la información de manera completa y correcta conviene a todos. En el Informe 2016 de Latinobarómetro se apunta que hace 20 años la corrupción ni siquiera era mencionada entre los principales problemas en la región. Hoy en día, gracias a la transparencia, se están conociendo los niveles de corrupción con mayores detalles, “mostrándola en primera plana”, atrayendo la atención de la sociedad y modificando la percepción de la operación del gobierno, normalmente ajustándola en sentido negativo. En este contexto, una herramienta como la PNT es un insumo idóneo para la exigencia de rendición de cuentas claras y al mismo tiempo —de ahí la ventaja de la carga sistemática y correcta de la información— es un punto de partida para que la sociedad y las autoridades vuelvan a extenderse y estrecharse las manos. Incluso, más allá de esta argumentación, desde una perspectiva pragmática, para ganar tiempo en las respuestas a solicitudes de la ciudadanía, conviene a las autoridades obligadas poner pronta y eficientemente ese patrimonio social que la Ley demanda y todo aquella adicional que por iniciativa se juzgue conveniente presentar.
¿Y cómo vamos hasta ahora? El 4 de mayo concluyó el plazo para la carga de información de todos los sujetos obligados. A partir de entonces, diariamente el Inai en conjunto con los órganos garantes estatales han realizado un recuento de lo avanzado. Hasta el 23 de este mes, los sujetos obligados a nivel federal y local habían ya subido poco más de 83 millones y medio de datos. De esos, casi 39 millones corresponden a la Federación. Los estados con mayor carga de datos eran hasta ese momento Jalisco, Zacatecas, Estado de México, Tabasco y Sinaloa. No obstante, sigue faltando y la sociedad lo ha comenzado a notar. Como muestra de esto último y de que el sistema de quejas ciudadanas funciona, existen ya más de 40 denuncias presentadas ante el Inai en contra de sujetos obligados que no han cargado la correspondiente información. Por cierto, si algún lector se siente entusiasmado con esta posibilidad, puede hacer uso de la herramienta de denuncia en el propio módulo del Sipot dentro de la PNT, o bien enviar la queja por correo electrónico a la dirección denuncia@inai.org.mx o presentarla directamente en las instalaciones del Inai.
Hace unos años no era posible poder saber. Luego, con la suma de voluntades fue posible comenzar a saber. Ahora el reto está en saber qué se quiere saber. Y todo puede comenzar con una pregunta o con una consulta a ese mar de información que representa la PNT. Las autoridades deben aprovechar esta situación para mostrarse confiables. No habrá muchas oportunidades iguales.
Comisionada del Inai.
@XimenaPuente
