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Los años recientes han dado fe de la ubicuidad del cambio: se presenta en lo político, lo económico, lo tecnológico y lo cultural. En consecuencia, han surgido nuevas ansiedades sociales, que para ser tratadas demandan mayores resultados y certezas, en lo público y lo privado. De ahí que esto sea indispensable entre los temas de la agenda nacional.
En el Inai no solo hemos adoptado esas prioridades como parte de nuestra visión de trabajo en el año, sino que nos sentimos doblemente comprometidos a cumplirlas. Es así puesto que ahora debemos, por función, exigir transparencia a más de 8 mil sujetos obligados, y como institución pública, estamos compelidos a hacer esfuerzos proactivos, puntuales y de avanzada para rendir cuentas de nuestro propio desempeño. Por supuesto, no creemos que exista, para el futuro cercano, otro camino a andar si se quiere recobrar la confianza y credibilidad ciudadana.
Un caso que ilustra esta búsqueda institucional para dar mayor certeza a la sociedad tiene que ver con el ya comentado ajuste presupuestario a raíz de la circunstancia económica que atraviesa el país. Ahora, el deber institucional rebasa el tan sólo decir que se va a hacer el ahorro; como exigen los tiempos, es menester reportarlo con claridad y demandar su buen uso. Por eso en el Inai se desarrolla ya una plataforma ex profeso para ello.
Las leyes son un instrumento indispensable para aportar esa anhelada certeza social. Por esa razón, celebramos que este enero se haya publicado la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, una normativa que expande el universo de aplicación de los derechos ARCO ciudadanos, y que implicará para este Instituto realizar mayores esfuerzos de difusión de las labores del Centro de Atención a la Sociedad como punto de contacto ciudadano y el supervisar la armonización de las leyes locales en la materia, proceso que deberá cumplirse para finales de julio.
También en lo normativo, este año confiamos en el buen oficio legislativo para que se publique la necesaria Ley General de Archivos, de la cual estaremos muy pendientes de sus términos, con la idea de que dicho documento marque el camino para una mejor rendición de cuentas y una mayor transparencia a partir de la memoria archivística de la nación.
Bajo esta mirada ajustada al futuro, resultará indispensable este 2017 definir e integrar el Consejo consultivo de esta casa de la transparencia, el cual deberá estar conformado por diversos perfiles para que, de manera panorámica, se aporten ideas para el mejor funcionamiento del Instituto. El día de ayer, por cierto, cerró el plazo para recibir propuestas de candidatos. De igual forma será importante que se nombre a la persona encargada de la contraloría institucional. Así mismo, en mayo se deberá tener acceso, dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, a millones de datos provenientes de todos los sujetos obligados publicados por primera vez en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. Se trata de una radiografía como nunca antes se ha tenido del servicio público, un tesoro de información dispuesto para la consulta y utilización ciudadana.
Todo este trabajo permitirá que, sin descuidar a ese 54% de la población que reconoce la existencia del Inai según cifras de la encuesta nacional de percepción aplicada por IPSOS en 2016, vayamos por esos ciudadanos que mencionaron en la ENAID del Inegi 2016 que no ejercían su derecho de acceso por desconocimiento, desconfianza, o falta de tiempo, que vayamos por ese 17.7% de la población que le interesaría realizar una solicitud pero no lo ha hecho.
Vamos, a final de cuentas, no únicamente por lograr un mejor acceso y uso de las herramientas existentes para ejercer los derechos que tutelamos. Nuestro gran reto es provocar la apropiación individual del acceso a la información y de protección de datos personales; es decir, hacer que estos derechos sean parte de las prácticas sociales cotidianas. Es un camino que lleva a mayores resultados y certezas para todos.
Comisionada presidente del Inai.
@XimenaPuente
