A partir de 2016 las agendas nacionales e internacionales han incluido acciones específicas referentes a la equidad de género y temas asociados, como el combate a la violencia hacia las mujeres, la participación igualitaria y el empoderamiento e inclusión en toda esfera de quienes representamos la mitad de la población mundial.

Lo anterior, a raíz de dos hechos: el establecimiento del tema entre los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas y el reclamo histórico-social que representa. La consecuencia directa de estas medidas impostergables es la obtención de mejores calificaciones democráticas, pero también una oportunidad para generar debates públicos informados, integrales e inclusivos.

Si se es optimista, se puede ver que algunos techos de cristal comienzan a resquebrajarse, y acciones como el principio de paridad en el registro de candidaturas para representación legislativa de nuestro país, luego de la reforma al artículo 41 de la Constitución en 2014, ayudan a que así sea.

No obstante estos buenos signos, es indudable que otros factores continúan reafirmando la vulnerabilidad de las mujeres en niveles mucho más básicos. De acuerdo con la ONU, la orientación sexual, la discapacidad, la etnicidad, las crisis humanitarias, así como las situaciones durante y después de un conflicto, incrementan la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia. Y a eso habría que sumar la especial impunidad de los crímenes de género para agravar el cuadro.

En este contexto, es deber de todos impulsar acciones que permitan incrementar las políticas que favorezcan la equidad y dar mayor visibilidad al tema. El tema es mayúsculo y se deben sumar esfuerzos. La ONU, por ejemplo, a través de la campaña UNETE, extendió el llamado “Día Naranja” para generar conciencia y poner fin a la violencia contra las mujeres y niños, de sólo el 25 de noviembre a todos los días 25 del año, haciendo hincapié en cada uno de ellos en alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Con un sentido similar, la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia, que encabeza Lourdes López Salas, ha organizado una serie de encuentros en los cuales se debate la transparencia, la equidad de género y la situación de los grupos vulnerables. Este viernes tendrá lugar uno más de ellos: el Foro Regional Norte de Acceso a la Información, en Durango, y los primeros días de diciembre en el Inai tendremos oportunidad de ser anfitriones de otro.

Por supuesto que no sólo se trata de visibilizar en encuentros el compromiso al respecto, sino de poner en paralelo manos a la obra. Un caso específico es que todos los órganos garantes del derecho a saber y los sujetos obligados debemos hacer esfuerzos específicos para trabajar la información pública de manera desagregada por la variable de género, y así, permitir dimensionar, en cuanto aspecto de la vida pública se pueda, las diferencias específicas entre géneros y poder así trazar acciones que eliminen las desventajas que sean detectadas o mostrar las oportunidades que existen para el desarrollo específico las mujeres.

Con este tipo de desagregación es como se ha podido saber que 70% de los pobres del mundo son mujeres, cifra que patenta la urgencia de implementar medidas dirigidas a generar una equitativa distribución de la riqueza, a partir de una perspectiva de género. Pero los campos de estudio pueden ser muchos más una vez que la transparencia se convierta de una vez por todas en esa herramienta poderosísima para visibilizar, de todas las formas posibles, las disparidades de este tipo.

Comisionada presidente del Inai.
@XimenaPuente

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