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Sostengo que, aunque aún es lejano poder crear una clara correlación entre calidad de vida y transparencia, estas características no están desconectadas: la transparencia es un arma para combatir la corrupción, y como tal, puede redundar en beneficios claros para la sociedad.
Para lograrlo, el primer paso es abrir el tema a la discusión. Por ejemplo, justo se acaba de celebrar la Semana de la Transparencia San Pedro 2016, organizada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Esto representó un ejemplo de cómo, desde el ámbito de lo subnacional, hablar del tema puede contribuir a impedir la normalización de la corrupción en el país. Aquel fue un foro en donde se reflexionó igual sobre la facultad de atracción del Inai, como del modelo de gobierno abierto, de la protección de datos personales, como del manejo de los datos abiertos. En suma, una oportunidad para abrir el diálogo y empoderar a la sociedad en el ejercicio de sus derechos.
Un segundo paso es entender que la transparencia de un gobierno debe darse bajo un entorno legal que garantice para todos un suelo parejo de derechos. Los estados ahora tienen armonizada su ley en la materia, pero eso es apenas un principio. Reconocer un derecho no es ejercerlo ni entenderlo. En la encuesta nacional Inai 2015 se observa que mientras 66% de la población sabe que existe el derecho de acceso a la información, sólo 7% en promedio en los últimos siete años lo ha ejercido. Esto puede complicarse más cuando vemos que existen regiones como el norte del país, donde sólo 52% reporta conocer que tiene este derecho. Por eso es necesario un tercer paso.
Se requieren políticas públicas que impulsen una cultura democrática que permita dar difusión a los alcances e importancia de la transparencia en el combate a la corrupción. Esa acción pasa por reconocer a la propia transparencia como un proceso de mejora permanente; igualmente, implica sembrar en las autoridades públicas, pero también en el sector privado, la voluntad de rendir cuentas sin látigos normativos, es decir, por el simple hecho de que hacerlo es mejor que vivir en la opacidad. Todo esto nos lleva a un cuarto paso, quizá el más relevante: se debe cambiar, desde el ámbito que nos toque, nuestra autoconcepción de responsabilidad en el entorno democrático.
Democracia implica participación, y ello, sin restarle importancia, no se agota yendo a votar. Debemos despejarnos de esos años de políticas paternalistas en los que quizá aprendimos, quisimos o nos condicionaron, a pensar que nuestra mejor participación es la no participación. Recurro a una frase algo desgastada para hacer claro el punto: para obtener resultados diferentes, debemos hacer las cosas de modo diferente. El político no puede seguir fingiendo demencia hacia sus propios discursos, el ciudadano no debe permanecer pasivo esperando que todo salga como le comentaron, las instituciones no pueden ir en contra de su propio motivo de creación, la sociedad civil debe ayudar a velar por los intereses colectivos y no las agendas privadas.
Y entonces la transparencia, constituida por los gobiernos abiertos, la atención oportuna de las solicitudes de información, por la exigencia ciudadana, la prevalencia del interés común sobre los intereses particulares podrá mostrar su correlación con la calidad de vida de la ciudadanía. Desde luego, parafraseando al director regional de Transparencia Internacional, Alejandro Salas, mientras no se invierta en educación, seguridad y salud hay poca esperanza para lo que sea. Sin embargo, encuesta tras encuesta, es la corrupción la que aparece como uno de los dos principales males que nos afectan como país. Debe ir todo junto.
Comisionada presidente del Inai.
@XimenaPuente
