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Normarnos y estudiarnos como sociedad, a partir de enfoques sistémicos, permite tener conocimientos más incluyentes, desarrollar políticas más justas e impulsar los valores de nuestra democracia. Difícilmente la compleja realidad en la que estamos inmersos puede ser entendida de otra forma que como el resultado de la interacción de diversos sistemas. Esta condición exige ajustes progresivos y la suma permanente de voluntades de todos los actores sociales.
En 2015 pudimos atestiguar la puesta en marcha del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). Ahora, la aprobación en las cámaras legislativas del paquete de leyes que dan forma al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) representa un siguiente paso, uno muy relevante. A través de un manifiesto, firmado por ciudadanos y ONGs el año pasado, se dijo que “La puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción plantea […] uno de los mayores desafíos legislativos que haya conocido la historia reciente del país, tanto por su dimensión como por su relevancia”. Toca ahora ver si lo legislado nos deja a la altura de las circunstancias.
No obstante, es necesario reconocer y reflexionar acerca de las dos controversias surgidas en la discusión particular de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: las observaciones del titular del Poder Ejecutivo al artículo 32 que ya fueron aprobadas por las Cámaras; y las modificaciones en el Senado realizadas al artículo 29 —aquel que precisamente daba razón a que la ley fuera conocida como la 3de3—.
Como hemos comentado en otros foros, en el Inai siempre estaremos a favor de la máxima publicidad, pero respetaremos la normatividad vigente, y al ser integrantes del Comité Coordinador del Sistema, pondremos especial atención a su cumplimiento. Más aún, dado que el Inai y la Auditoría Superior de la Federación somos organismos con voz y voto en el SNA y en el SNT, en ese sentido nos mueve una doble responsabilidad al ser aristas entre estos dos complejos sistemas.
Por lo pronto, es tiempo de reconocer los desafíos que enfrenta el nuevo SNA. Comencemos por mencionar sólo algunos aspectos básicos:
Hay la tarea de abatir esa percepción entre la población que, según la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad de la UNAM, posiciona a la corrupción como el segundo problema más grave del país, sólo detrás de la pobreza, e incluso adelante del narcotráfico.
Se deben crear acciones puntuales que permitan avanzar posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el cual nos hemos mantenido en el lugar 95 en los últimos cuatro años a nivel internacional —en 2015 empatados con Filipinas, Mali y Armenia— y en el 15 de 26 a nivel regional.
Existe la responsabilidad de honrar la suscripción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU que, en parte del numeral 16, incluye el compromiso de reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
En ese sentido, el paquete de leyes hace eco a lo que Alejandro Salas, director regional de las Américas de Transparencia Internacional menciona como tareas pendientes en la zona: incluir reformas genuinas y sistémicas, acabar con las influencias políticas y procurar una cooperación regional más eficiente entre las autoridades encargadas de la aplicación de la ley y persecución de delitos. Y, como él mismo apunta, en paralelo, “los ciudadanos no deben renunciar a sus reclamos de cambio”.
En Inai nos entusiasman las posibilidades que se abren si interactúan de manera eficaz y responsable los Sistemas Nacional Anticorrupción y Nacional de Transparencia. Es natural pensar en la enorme causalidad que pueden guardar sus materias de trabajo: una que permite acceder a la información, la otra que exige rendir cuentas. Y con ese impulso, pensamos que la normativa aprobada representa, aún con todo, un logro, y celebramos que la base del enfoque sistémico subsista, esto es: que mientras más podamos conocer, más oportunidad tendremos de cambiar.
Comisionada presidente del Inai.
@XimenaPuente
