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La ética no consiste en formular preceptos caídos o dictados desde el cielo, sino que es consecuencia de tomar conciencia de lo que somos.
Albert Jacquard
El lunes dio inicio la Semana de la Ética y la Transparencia en la Secretaría de Economía; y con ello, una iniciativa que además de poner en marcha una serie de acciones dirigidas a impulsar una mayor transparencia, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y una mayor eficiencia en la atención a la ciudadanía como parte de sus programas, órganos e instituciones asociadas, sirvió para poner sobre la mesa la necesidad de revisar los principios éticos asociados al servicio público; reflexión que continúo en este espacio.
La ética en el servicio público ha sido siempre el principio deontológico más importante asociado al desarrollo ideal de cualquier Estado democrático.
Como consecuencia de ello, muchos han sido los esfuerzos realizados para establecer marcos de referencia éticos o morales que contribuyan a impulsar la observancia de ciertos principios considerados deseables (como la honradez, la eficacia, la legalidad o la igualdad) en el desempeño de los servidores públicos.
No obstante, en virtud del cambio y adaptación natural derivado de las circunstancias particulares que enfrenta cualquier sociedad y gobierno, es fundamental que seamos conscientes de la necesidad de actualizar estos referentes morales para incluir nuevos principios que sirvan como guía y nos permitan hacer frente al escenario siempre cambiante de la realidad.
En este sentido, la ética de un México moderno, abierto y democrático como el que estamos construyendo, debe incluir principios como la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público como base para legitimar un nuevo vínculo entre sociedad y gobierno.
Un vínculo forjado a partir de la confianza ganada gracias al desempeño de nuestras funciones de manera abierta y de cara a la sociedad, así como sobre la base de la adopción de un modelo de gobierno abierto que promueva una mayor participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones trascendentales para México.
Pero, sobre todo, un vínculo que nos permita restablecer la erosionada confianza de las y los ciudadanos en sus autoridades a través de una efectiva rendición de cuentas en la que los servidores públicos que incurran en actos de corrupción respondan por sus acciones ante las autoridades y la sociedad.
El rumbo actual de nuestro país demanda un servicio público que tome conciencia de que, conforme a lo señalado por el doctor Rodolfo Luis Vigo, el actuar de los funcionarios públicos supone una ética más amplia que la meramente individual, en tanto que sus conductas cuentan con la capacidad para repercutir de manera directa en sectores importantes de la sociedad.
Necesitamos un servicio público que incluya dentro de su actuar valores democráticos como el diálogo y la tolerancia, pero también principios como los suscritos por México en la Convención de las Naciones Unidas para combatir la corrupción, que nos permitan cumplir con los compromisos normativos internacionales ya adquiridos.
Por esto, es vital que aprovechemos los avances que nos ofrecen la reforma constitucional y la legislación en la materia, para hacer del Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, los medios ideales para impulsar la actualización de códigos de conducta, como el recién aprobado Código de Ética del INAI, que contribuyan a marcar un antes y un después en el ejercicio de gobierno mediante el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas como principios inherentes a quienes ostentamos un cargo público.
Es momento de que gobierno y sociedad trabajemos juntos para que las y los mexicanos contemos con un servicio público honesto, transparente, confiable y profesional que sirva como base para avanzar con paso firme en la consolidación de nuestra democracia y combatir la corrupción.
Comisionada presidente del INAI.
@XimenaPuente
