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El acceso a la información y la protección de datos personales son dos derechos humanos que en sus pocos años de vigencia se han constituido en pilares fundamentales de nuestra democracia.
Por ello, el enorme reto que tienen los organismos garantes de la transparencia es que su conocimiento y ejercicio se expanda cada vez más en todo el país, echando mano de las nuevas atribuciones y facultades que les fueron conferidas en la reforma constitucional y la Ley General de Transparencia, promulgada el 4 de mayo pasado.
En este sentido, atendiendo lo previsto en el artículo undécimo transitorio de la Ley General de Transparencia propusimos el 23 de junio como la fecha de instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el cual estará a cargo de coordinar las acciones relacionadas con el acceso a la información y la protección de datos personales desde el nivel federal hasta el municipal, así como de procurar una efectiva rendición de cuentas tanto en el ámbito Ejecutivo, como en el Legislativo y el Judicial; hecho que da cuenta del cumplimiento de la primera de las obligaciones del INAI de cara al pleno funcionamiento de este Sistema.
Asimismo, la Ley dispone que entre sus funciones, el SNT estará a cargo de elaborar lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos y modelos, que contribuyan a cumplir con los objetivos de la misma.
Se trata de todo un entramado normativo y de herramientas técnicas que le permitirán cumplir cabalmente con su finalidad: la organización, implementación y evaluación de las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Como integrantes del SNT, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los organismos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tendremos que enfocarnos no sólo a la adecuación normativa, sino también a algo muy importante: generar una política pública en materia de transparencia, que permee a todos los sectores de la población.
Del mismo modo, tendremos que trabajar de manera coordinada para lograr que los avances contenidos en la reforma constitucional y la Ley General se materialicen en un fuerte impulso a la participación de las y los ciudadanos en la vida pública del país, promoviendo el SNT como eje de un nuevo modelo de Gobierno Abierto, garantizando el ejercicio de los derechos que tutelamos y atendiendo la exigencia ciudadana de fortalecer la transparencia y una efectiva rendición de cuentas.
Como INAI, hemos expuesto en diversos foros que el verdadero reto para hacer realidad el espíritu y contenido de nuestro marco normativo es lograr que la transparencia y el acceso a la información lleguen a todos los municipios, incluso a aquellos en los que no se tiene acceso a internet.
El SNT habrá de trabajar, entonces, para que el conocimiento y ejercicio de los dos derechos se haga sin distingos de edad, género, raza, religión o condición social.
La coordinación y el esfuerzo conjunto de quienes integrarán el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia contribuirá, sin lugar a dudas, a la generación de información de calidad, a la gestión de la información y al procesamiento de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública; pero, sobre todo, a incentivar una mayor participación ciudadana en el ejercicio de la transparencia a través de medios que faciliten el acceso a la información en formatos amigables, simples, sencillos y al alcance de toda la población.
Comisionada presidente del INAI.
@XimenaPuente
