De acuerdo con datos publicados ayer en la página de transparencia de la Cámara de Diputados (diputados.gob.mx/index.php/camara/Transparencia/), un representante popular gana un salario neto mensual de 73, 817 pesos, cantidad a la que se suman 45 mil 786 por “asistencia legislativa” y 28 mil 772 por “asistencia ciudadana”, lo que da un gran total de 148 mil 375 mensuales. La página no indica otra percepción. Sólo eso…
¿Cómo explicar entonces las noticias que en primera plana y desde hace varios días develan ingresos significativamente superiores? En efecto, las primeras informaciones indicaban que cada diputado recibiría en diciembre 718 mil pesos. Posteriormente, la Cámara de Diputados “aclaró” que la cantidad era de sólo 507 mil pesos (357 mil por salario, aguinaldo y otras prestaciones de ley, más 150 mil pesos de “bono” acordado por las bancadas). Esta cantidad indigna, con justa razón, a los ciudadanos. Pero más allá, es una muestra más de un problema estructural, que afecta la conducción y legitimidad del Poder Legislativo en su conjunto, y que distorsiona gravemente su función constitucional.
La Cámara de Diputados, donde reside la soberanía nacional, es constitucionalmente el espacio donde se debe rendir cuentas. Senadores y diputados establecen los impuestos. Además, estos últimos tienen como atribución exclusiva determinar cuál es el presupuesto que ejercen los Poderes del país, así como fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos, función que ejerce a través de un órgano técnico que es la Auditoría Superior de la Federación. El Congreso ha aprobado también, y por unanimidad, las leyes que crearon el marco institucional de la transparencia y la anticorrupción.
Y sin embargo, si uno se pregunta a quién rinden cuenta los diputados, mucho me temo que la respuesta es: a nadie. El marco jurídico nacional está diseñado para que el Congreso exija cuentas, pero no para rendirlas. Esta situación no es nueva. Desde hace varios años estudios académicos y reiteradas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación han señalado y vuelto a señalar que existe una gran opacidad y total discrecionalidad en la manera en que se manejan los recursos en las Cámara de Diputados, en especial aquellos que se otorgan a los grupos parlamentarios y que representan cantidades muy significativas.
Existe una razón que explica esta situación. La estructura del poder al interior de la Cámara está diseñada para concentrar el poder en manos de los coordinadores parlamentarios, quienes utilizan la palanca que les da el ejercicio discrecional de los recursos que se asignan a las bancadas para asegurar la gobernanza de la Cámara. Esta es una condición en la que todos los partidos participan y suma al control político de la Cámara, lugar donde se mantiene mayormente una cultura del voto a cambio de prebendas de todo tipo (vales, pasajes, viajes, personal, oficinas, y un largo etcétera). Eso explica por qué el bono navideño fue “acordado por las bancadas”, es decir, otorgado por la gracia de los coordinadores parlamentarios.
Cambiar esta situación no será sencillo. Implicaría transformar radicalmente la calidad normativa interna de la Cámara, mejorar su calidad institucional, civilizar a muchos legisladores que siguen atados a una concepción básica de su quehacer, y finalmente lograr que los diputados se honren como legisladores y generen las condiciones para tener una transparencia y acceso a la información dignos de la ley que ellos mismos aprobaron. De lo contrario, seguiremos deteriorando nuestras instituciones democráticas en beneficio de un futuro que se puede llenar de incertidumbre.
Profesor investigador del CIDE
