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El gobernador pidió licencia, y el Congreso de Veracruz se la otorgó sin más. El escándalo público es enorme y las acusaciones de corrupción (por goloso, negligente o inexperto) son abrumadoras. Javier Duarte es hoy la personificación de la corrupción (como en otros tiempos lo fueron El Negro Durazo, Elba Esther Gordillo y muchos más). Quemarlo en la hoguera pública es un acto de justicia indispensable; el rito de expiación mediante el cual acabamos con el mal.
Pero nos equivocamos gravemente si seguimos creyendo que la corrupción es un problema de personas. Para combatirla con rigor tendríamos que empezar por preguntarnos cuáles son las causas que la permiten e incentivan.
No es casualidad que los grandes escándalos de corrupción se den en los estados. Y no es un problema que se genere sólo por la ambición de los gobernadores. Se explica mejor por un conjunto de razones estructurales que derivan del pésimo diseño institucional y financiero que a lo largo de décadas ha acumulado el “federalismo” mexicano. Señalo algunas de ellas.
Desde finales de los años noventa vivimos un proceso de descentralización que tuvo una doble cara. Por un lado, se le otorgaron a los estados y municipios nuevas competencias pero sólo parcialmente, pues las comparten con la Federación. Por otro, se les transfirieron cantidades ingentes de recursos federales sin que estuvieran vinculados con esfuerzos locales de recaudación y mucho menos procesos, mecanismos e instituciones de fiscalización y rendición de cuentas que funcionaran con independencia política y capacidad técnica.
En su momento, nadie se preguntó si los gobiernos subnacionales tenían las condiciones institucionales y administrativas que se requerían para asumir mayores compromisos, y además se dio por sentado que todos compartían una situación homogénea, lo cual impidió reconocer la diversidad que existe en los entramados institucionales de los estados. El resultado está a la vista. Gobiernos que administran grandes montos de recursos sin que cuenten con mecanismos de control y rendición de cuentas efectivos, responsabilidades fragmentadas donde nadie es responsable de nada y una ausencia absoluta de esfuerzos para generar las capacidades humanas que se requieren. ¿Debemos sorprendernos que los escándalos de corrupción florezcan? ¿Acabará el problema encarcelando a los gobernadores? ¿O más bien tendríamos que preocuparnos de corregir estructuralmente el problema del mal diseño del federalismo mexicano?
Habría que rediseñar el sistema de competencias para que con claridad se sepa quién es responsable de qué; habría que generar el marco institucional para que los estados recauden sus propios recursos y den cuenta de cómo los usan; habría que fortalecer las capacidades tanto de las administraciones estatales y municipales (en particular mediante la profesionalización de los servidores públicos), así como de los órganos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Habría que seguir avanzando políticamente para fortalecer a la sociedad civil. Habría, en fin, que renovar a la clase política y crear condiciones en que la alternancia del poder sea real y no un mero cambio de siglas. La agenda de pendientes es mucho más larga. ¡Tendríamos que poner manos a la obra ya!
Nota final: El Senado aprobó por unanimidad la reforma de justicia en materia laboral. Desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar paso a auténticos tribunales laborales, se fortalecen los mecanismos de conciliación y se combate a los “sindicatos negros”. Es una reforma estructural de enorme calado que, de tener éxito, mejoraría la justicia para los trabajadores y combatiría causas estructurales de corrupción. A paso lento, pero seguro, la justicia cotidiana avanza.
