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El pasado jueves, el presidente Peña Nieto firmó un paquete de reformas en materia de justicia cotidiana que incluye ocho reformas constitucionales, cuatro legales y un decreto administrativo. Aunque el asunto pasó relativamente desapercibido entre otros temas (anticorrupción, marihuana, violencia) se trata del cambio más profundo y amplio en materia de justicia desde 1994, cuando la Suprema Corte se convirtió en un tribunal constitucional.
La justicia cotidiana, término acuñado por el propio Presidente, comprende aquella distinta a la penal que busca resolver las diferencias que surgen de la vida diaria. Los conflictos que se generan en la familia, en el trabajo, con los vecinos, en las escuelas o entre las empresas. El diagnóstico nacional, que encabezó el CIDE a principios de 2015, concluyó que la mayor parte de la población carece de las condiciones y medios para resolver los conflictos que se originan en la convivencia diaria. Y cuando logra acceder a los mecanismos institucionales, suele enfrentar procesos largos, costosos y poco flexibles.
La reforma es relevante, tanto por su proceso como por su calado. Responde a los resultados de los Diálogos por la Justicia que, convocados por el Ejecutivo federal, acompañado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el propio CIDE, reunió a más de 200 expertos provenientes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la CNDH, el Inegi, los tribunales estatales, los colegios de abogados, la academia y diversas organizaciones de la sociedad civil. Durante 14 semanas, se trabajó para generar las recomendaciones y propuestas que ahora se concretan en las iniciativas enviadas por el Presidente al Congreso (www.gob.mx/justiciacotidiana).
Imposible entrar aquí al detalle de la reforma. Destaco simplemente que se trata de transformar radicalmente la justicia laboral (demanda que está en la mesa desde hace décadas). Así, desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, espacio de corrupción y discrecionalidad, para dar paso a un sistema de conciliación laboral. En caso de persistir, los conflictos se resolverán en los tribunales ordinarios, estatales o federales. Este cambio sería suficiente para considerar que se trata de una reforma mayor.
Pero el asunto va mucho más lejos: se adoptan diversas medidas para fortalecer a los tribunales estatales; se crea un nuevo principio constitucional para que en la resolución de los juicios se privilegie el fondo y no la forma; se crea un nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares; se da un nuevo impulso a la oralidad en materia mercantil y al uso de mecanismos alternativos de solución de controversias; se crea un nuevo sistema de justicia cívica para resolver conflictos vecinales, así como tribunales itinerantes; se establece una política de mejora regulatoria en todo el país para reducir trámites y mejorar la calidad de las leyes; también se homologarán y mejorarán los registros civiles, de la propiedad y el catastro.
Se trata de una reforma que, de prosperar, puede tener un impacto igual o mayor al de las reformas estructurales. Su paso por el Congreso no será pacífico y generará controversia, pero no podrá olvidarse que las iniciativas están respaldadas por diagnósticos, análisis expertos y un amplio consenso.
Transformar la justicia es recimentar el Estado. Es darle vigencia a los derechos y uno de los mejores remedios para combatir la impunidad. Es cumplir con un anhelo secular. Este ejercicio puede marcar el inicio de una política de Estado, de largo aliento, que debe hacer de México un país en el que cualquier ciudadadano, sin importar su condición, tenga acceso parejo a una justicia pronta y expedita, tal y como lo marca nuestra Constitución.
Director del CIDE
