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El Congreso enfrenta uno de los retos más relevantes de su historia reciente: Diseñar y dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante el SNA). De su éxito (o fracaso) dependerá en buena medida el futuro del país. Más de medio millón de firmas acompañaron a la Ley 3de3 y son una muestra contundente del sentir de los mexicanos: estamos hartos de la corrupción y queremos un cambio profundo que detenga este cáncer que corroe el tejido social de la nación. Sin embargo vemos sólo la punta del iceberg. En efecto, no es suficiente pronunciarse sobre una ley, sino entender que el SNA implica refundar las bases de actuación del sistema político y administrativo del país. La tarea es difícil y los resultados serán necesariamente de largo plazo. Pero en ello nos jugamos qué tipo de sociedad queremos ser.
Técnicamente, construir el SNA implica crear y reformar en un primer momento un conjunto de leyes (cuando menos siete). A esos cambios deberán seguir modificaciones a un número indeterminado de otras leyes federales y estatales. El problema es que este sistema no podrá generarse mediante la discusión aislada y caprichosa de cada una de las piezas legislativas, sino que requiere un diseño en conjunto, que implica opciones políticas explícitas y que debe apoyarse en la destreza jurídica y técnica. Esbozo siete ideas que me parecen centrales para que la tarea tenga éxito; en ellas, y junto con otros colegas y organizaciones, hemos predicado en el desierto desde hace tiempo.
1. Se trata de corregir problemas estructurales, no sólo conductas personales. En otras palabras, la corrupción es un fenómeno que se genera en red, y por ello perseguir corruptos nunca solucionará el problema. La prevención y la corrección son las llaves de la medicina, no la cirugía extrema.
2. Un adecuado diseño del SNA implica un debate sobre su arquitectura de conjunto, que permita que todas y cada una de sus piezas tenga su lugar. Sólo después de este acuerdo conviene redactar las leyes.
3. El sistema supone un espacio de coordinación intergubernamental capaz de generar políticas y acciones conjuntas de siete instituciones (ASF, Secretaría de la Función Pública, INAI, Tribunal de Justicia Administrativa, Consejo de la Judicatura Federal, Fiscalía Especializada Anticorrupción y sociedad civil). No se trata de crear otro foro donde periódicamente diversos personajes tomen la palabra y se tomen fotos. Ésta es la instancia responsable de diseñar e implementar la política anticorrupción del Estado mexicano. Su sentido es permitir una acción articulada de cada uno de sus órganos. Por ello debe contar con un secretariado técnico robusto que le dé eficacia, “el Coneval de la corrupción”.
4. El sistema debe establecer un marco jurídico que, con respeto al debido proceso, permita que las autoridades puedan desarticular y sancionar efectivamente las conductas de corrupción en las que participen los particulares. Sin esta característica, el sistema fracasará (anoto que la Ley 3de3 contiene ideas innovadoras).
5. Un aspecto técnico (por ello tedioso) pero que resulta crítico es reconstruir el sistema de responsabilidades administrativas. El que tenemos no sirve. Necesitamos diferenciar claramente las faltas administrativas de los actos de corrupción que deben constituir delitos. Esto supone desarrollar principios nuevos para el derecho administrativo sancionador, que deben ser distintos e independientes de aquellos que rigen la responsabilidad penal.
6. Es indispensable fortalecer las capacidades de los órganos de control interno, entre otras medidas, con su profesionalización, pero diferenciarlas de las funciones de investigación y sanción. Las funciones de control interno coadyuvan a que las instituciones cumplan sus objetivos. El OIC es el navegante del avión, y no puede ser simultáneamente el policía de la nave.
7. No podremos combatir la corrupción sin que las instancias responsables (SFP, ASF, fiscalía especializada) cuenten con facultades y capacidades de investigación robustas y especializadas, sobre todo en un contexto donde el nuevo sistema de justicia final estará ya plenamente en operación.
El reto es enorme y llevará tiempo. Pero es posible construirlo si el Congreso crea un espacio de diálogo y acuerdo (o disenso) en el que todos (funcionarios, gobierno, partidos, academia, empresarios, sociedad) tengan voz y capacidad de crear acuerdos. De lo contrario, la corrupción florecerá.
Profesor investigador del CIDE
