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Por PEDRO SALAZAR y SERGIO LÓPEZ AYLLÓN
El Senado discute con bríos la construcción del SNA. Los fuegos de artificio propios del debate parlamentario iluminan los titulares de algunos medios de comunicación. Tras ellos bulle una de las discusiones más importantes para la vida de la Nación. En ella nos jugamos, literalmente, el futuro del país. Brasil, Guatemala, Argentina y hasta Islandia son ejemplos de lo que puede suceder si no logramos combatir la corrupción y con ello dar un cauce institucional al descontento y legítima indignación que provoca. Esta es la razón por la que un conjunto diverso y plural de organizaciones sociales y académicas decidieron impulsar un debate que nadie en la clase política parecía interesado en generar. La iniciativa 3de3 —que es mucho más que eso— está inspirada en esas preocupaciones.
Al proponerla, buscábamos, usando las vías institucionales que abrió la Constitución para los ciudadanos, provocar que se activara el proceso legislativo a partir de una propuesta seria, sólida y técnicamente solvente. Más de 600 mil firmas lanzan un mensaje inequívoco. La sociedad mexicana exige una respuesta contundente para combatir a la corrupción. Es una iniciativa pensada en el presente pero orientada hacia el futuro que busca apuntalar a nuestra democracia.
Sabíamos que la iniciativa sería polémica pues se trataba de innovar y provocar con razones y propuestas técnicas un debate que rompiera la inercia. Las acusaciones de “inconstitucionalidad” de algunas de ellas se refieren a cuestiones puntuales y complejas que, de hecho, hoy son materia de debate en la Corte. Ojalá que este hecho se reconociera. Pero el problema no está ahí.
La Ley 3de3 es mucho más de lo que ese membrete ingenioso y mercadológico permite avizorar. La publicidad de las tres declaraciones (patrimonial, intereses e impuestos) por sí misma no servirá para mucho y debe ser regulada con precisión para evitar efectos perversos. En realidad, la iniciativa de ley, basada en un robusto andamiaje teórico, contiene una concepción completa de lo que debe ser un nuevo sistema de responsabilidades que es un eslabón necesario para contar con un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción.
Por lo mismo, es menester ampliar el horizonte de la discusión para lograr una concepción integral del sistema anticorrupción. Ello, además de la ley de responsabilidades (3de3), supone diseñar mecanismos para la interacción de un conjunto de órganos que permitan articular una política pública del Estado mexicano en la materia. Sólo así será posible erradicar las causas estructurales que favorecen la corrupción y sancionar a funcionarios y particulares (ambos) que incurran en estas conductas. Lo segundo es importante pero lo primero es fundamental.
La tarea no es sencilla. Por lo pronto, nos obliga a cambiar de perspectiva. Debemos abandonar el método de discusión “ley por ley” —o peor aún, artículo por artículo—, para mirar al sistema en su conjunto. Si no definimos, primero, el modelo integral que necesitamos, corremos el riesgo de diseñar piezas aisladas que nunca lleguen a articular un sistema eficaz. Se trata de debatir y decidir públicamente sobre algunos nodos críticos del sistema para después poder proceder a las redacciones puntuales en cada caso.
Es obvio pero conviene recordarlo: quienes tienen la responsabilidad última y exclusiva de tomar las decisiones son los legisladores. Para ello fueron electos democráticamente. A ellos corresponde el privilegio y la responsabilidad de legislar. La sociedad no puede, ni debe, suplantarlos. Pero sí podemos —y debemos— proponer ideas, acompañar procesos, y, sobre todo, exigir cuentas. La iniciativa 3de3 se edificó sobre estos entendidos. Es una iniciativa seria, sobre un tema crucial, que se ofrece como un insumo a todas las fuerzas políticas. Nada más y nada menos. Se trata de enriquecer y favorecer un diálogo exigente, incluyente y respetuoso.
Director del IIJ-UNAM y director del CIDE
