Más Información
La corrupción es el mal endémico del país. Su presencia permea todo el tejido social, lo corroe y debilita. Deja tras de sí huellas de impunidad, desazón, rabia y desconfianza. Aunque todos la rechazamos, casi siempre acabamos atrapados entre sus redes que alcanzan los rincones más profundos de la vida cotidiana. ¿Qué hacer? Es la pregunta que resurge con angustia cada vez que abordamos el tema. ¿Debemos resignarnos a vivir con ella? ¿O es posible revertir el fenómeno y recobrar la confianza en las instituciones?
Hace apenas unos días, una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de los empresarios (CCE, Coparmex) presentamos un proyecto de ley general de responsabilidades administrativas. Estamos empeñados en recabar 120 mil firmas para que pueda convertirse en una iniciativa de ley ciudadana, derecho que nos otorga la Constitución. Explico en síntesis qué es y cuál es la importancia de este proyecto.
El año pasado, luego de un largo debate, se reformó la Constitución para establecer un nuevo marco institucional en materia de anticorrupción. Para que esta reforma tenga vida se requiere elaborar un complejo marco normativo cuyos pilares son dos leyes generales: la de Responsabilidades Administrativas y la que establece el Sistema Nacional Anticorrupción. Con base en estos dos instrumentos, deberán después expedirse o reformarse varias decenas de leyes federales y estatales. Completar esta tarea es una obra magna que tiene importantes dificultades técnicas y políticas, pues se trata de rehacer, casi desde sus cimientos, el régimen de responsabilidades administrativas. Se trata de crear nuevos y eficaces instrumentos para combatir el mal.
Presentar este proyecto como iniciativa popular obedece a muchas razones, quiero destacar dos. Por un lado, mostrar que los ciudadanos no somos meros espectadores pasivos y que, sumando capacidades, podemos contribuir de manera seria y propositiva a construir el nuevo andamiaje anticorrupción. Por otro, obligar a los partidos y a los legisladores a detonar el debate en la materia, dentro del marco institucional que marca la Constitución. Cierto, esta iniciativa es sólo una de las piezas del rompecabezas y requiere perfeccionarse con el resto, pero busca incentivar la acción del Congreso y sacar a la clase política de la zona de confort en la que se encuentra pues tiene pocos incentivos para actuar.
La iniciativa fue redactada por dos reconocidos profesores universitarios especialistas en Derecho Administrativo (Josefina Cortés y José Roldán Xopa) y un especialista en materia de corrupción (Max Kaiser Aranda), a quienes acompañó un grupo de 15 expertos provenientes de muy diversos horizontes e instituciones (entre otras CIDE, UNAM, ITESM, Transparencia Mexicana, IMCO, Barra Mexicana de Abogados). El resultado es una ley técnicamente sólida pero innovadora en su diseño y contenidos. El costo de romper la ortodoxia acarreará críticas y dudas legítimas, pero abrirá la puerta a un debate urgente y necesario.
La ley propone, a través de un conjunto de obligaciones y directrices, el marco general que oriente la acción de los servidores públicos, al tiempo que define de manera puntual 10 conductas que suponen actos de corrupción. También establece un procedimiento administrativo que asegura tanto la investigación como la sanción con respeto a las garantías del debido proceso. Pero va más lejos. Amplía el catálogo de sujetos responsables de incluir a los candidatos electos y los miembros de los equipos de transición, así como a las personas físicas y morales que participen en actos de corrupción. Este es un elemento indispensable si queremos combatir de manera eficaz la corrupción, fenómeno que siempre supone una acción en red que involucra funcionarios y particulares. Otros elementos a destacar son las disposiciones orientadas a crear una nueva política de integridad para las empresas, así como un conjunto de disposiciones que fomentan la denuncia y otorgan garantías a testigos y denunciantes.
Vaya aquí una respetuosa invitación a nuestros amables lectores para informarse, firmar y divulgar este esfuerzo (www.leyede3.mx), que busca generar una oportunidad para que la palabra de los ciudadanos sea escuchada y contribuya a erradicar la corrupción de nuestro horizonte. Ojalá todos sepamos escuchar y actuar.
Director general del CIDE
