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El Congreso recién abrió uno de sus periodos más complejos pues deberá aprobar no sólo un presupuesto recortado y reorientado, sino también un conjunto de leyes de alto impacto, entre otras, la legislación en materia de transparencia, datos personales, archivos, seguridad pública, cuestiones financieras y, por si fuera poco, el conjunto de leyes necesarias para poner en marcha el nuevo sistema anticorrupción: la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, la ley general para establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos, la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para revivir a la Secretaría de la Función Pública, y por si esto fuera poco, adecuar en el ámbito federal y estatal las leyes necesarias para hacerlas compatibles y funcionales con el nuevo marco general. Tan sólo en el ámbito federal son cuando menos 20 leyes. ¡Y todo esto antes del fin de mayo de 2016!
El diseño y operación de este sistema es uno de los mayores desafíos políticos, sociales y legislativos de los tiempos recientes. No se trata solamente de expedir leyes viables y capaces de incidir, sino que supone generar una concepción totalmente nueva de cómo enfrentar esta enfermedad que nos corroe y destruye. Habrá que romper inercias y atreverse a innovar para comenzar a revertir las causas de la corrupción.
En la Red por la Rendición de Cuentas pensamos que esta nueva comprensión de la corrupción pasa por entender que no se trata de hacer más de lo mismo: perseguir personas “corruptas” bajo la lógica de la sanción individual. Hay que construir un sistema capaz de procesar el hecho de que la corrupción sucede generalmente a través de redes integradas por servidores públicos y particulares —no sólo empresas, sino sindicatos, partidos políticos y poderes fácticos—; que esas redes se organizan para obtener un provecho personal o colectivo; y que la evidencia de este fenómeno debe encontrarse en el enriquecimiento inexplicable o la alienación de las atribuciones a favor del patrimonio personal o los intereses de servidores públicos o particulares coludidos.
El diseño del sistema y las normas deben entonces articularse sobre estas premisas y por ello otorgar facultades y capacidades de investigación a los órganos internos y externos de control, con los debidos contrapesos, y diseñar un tribunal que no responda a la ortodoxia judicial sino que sea capaz de juzgar, reparar y reorientar en sus decisiones el conjunto del sistema.
El reto es inmenso. Por ello la forma de proceder del Congreso debe ser también distinta e innovadora. En lugar de seguir la lógica según la cual cada grupo parlamentario desarrolla sus proyectos bajo su propia lógica y el resultado final son leyes “licuadas” producto de negociaciones sobre artículos que traducen ocurrencias o caprichos diversos. La dimensión del problema obliga a recurrir a un método totalmente distinto. Los partidos políticos y el gobierno, más allá de sus estrategias y diferencias, deben acordar de manera conjunta, al más alto nivel y con el acompañamiento de expertos de la sociedad los objetivos, diseño, recursos e indicadores de la política pública. Será esta política la que permitiría escribir posterior y articuladamente las leyes. Finalmente, resulta crucial que el Comité de Participación Ciudadana que creó la Constitución no tenga un papel marginal o de mera legitimación, sino que le corresponda la presidencia del sistema para asegurar legitimidad, eficacia, responsabilidad y contrapesos.
El reto de combatir la corrupción es enorme pero posible. Ojalá todos, partidos, gobierno, sociedad, estemos a la altura.
Profesor investigador del CIDE
