Todos vimos cómo, en su desesperación por hacerse de recursos y dado que sus ofrecimientos para explotar el petróleo no tuvieron respuesta exitosa, la Secretaría de Hacienda decidió relajar los requisitos (que de por sí, según escribió Javier Jiménez Espriú “ya eran mínimos raquíticos”) para las compañías, a ver si así quieren invertir en México. El secretario de Energía fue muy claro cuando dijo que los cambios se harían en aquellas reglas “que asustaron a potenciales participantes”.
Qué bonito que nuestros funcionarios de la secretaría más dura sean tan generosos cuando se trata de grandes empresas nacionales y extranjeras, pero tan poco considerados cuando se trata de los ciudadanos, de quienes se han convertido en verdaderos verdugos.
Porque a nosotros nos imponen reglas, exigencias, trámites, documentos, cada vez más complicados, para cualquier transacción y movimiento de nuestro dinero, el que ganamos con nuestro trabajo.
Y no contentos con eso, obligan a los bancos y centros cambiarios, a reportar cualquier operación y, por si ni siquiera eso bastara, además han creado un sistema acusador (que depende directamente del secretario), el cual se dedica a buscar posibles delincuentes, sustentado en elementos tan poco claros y definibles como “operaciones inusuales o sospechosas”, que son, a sus ojos, aquellas transacciones que hagan los usuarios del sistema financiero y que “no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes de las instituciones financieras”.
Se supone que todo esto (y así lo justifican) es para detectar recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, pero la verdad es que, quienes usan sus recursos para esas acciones, tienen maneras complejas para hacer sus trampas, tanto a la hora de hacer las operaciones, como a la hora de pagar impuestos y en cambio, a los únicos a los que realmente afecta esto, es a los ciudadanos comunes y corrientes que requieren usar a los bancos, las casas de cambio o los servicios financieros.
Por eso, no es de extrañar que así como las compañías petroleras se retiraron de hacer ofertas en las licitaciones, así tantos ciudadanos prefieran permanecer fuera del sistema bancario y manejar sus asuntos con dinero en efectivo. Ambos están haciendo lo mismo: negarse, cada cual a su manera, a aceptar las condiciones que se les quieren imponer.
Para los ciudadanos, se trata de tener que ver lo menos posible con la autoridad y con sus exigencias, así ello signifique estar en la “ilegalidad”. Y eso no porque deseen dejar de hacer transacciones bancarias o de pagar impuestos, sino porque en la medida en que cada vez se vuelve más difícil cumplir con lo que se exige para estar dentro de los sistemas, lo prefieren.
El mejor ejemplo de esto es el fracaso de las campañas gubernamentales para atraer al comercio informal a la formalidad. Con todo y el anuncio de lo mucho que supuestamente les conviene a los informales estar en regla, pocos eligieron ese camino. Y sin embargo, aunque fue un fracaso tan grande como sus licitaciones con las compañías petroleras, en ese caso, no aligeraron los requisitos.
Tal vez si hicieran por facilitarle la vida a los ciudadanos, conseguirían que muchas más personas cumplieran con la legalidad. Porque no me cabe duda de que a la mayoría nos agrada y nos conviene estar dentro del sistema bancario y cumplir con nuestro pago de impuestos, pero cuando hacerlo implica tanto engorro y no sólo eso, sino que sabemos que desde el momento en que se entra en esos sistemas, ya para siempre se vive con amenaza y persecusión, pues por eso tantos prefieren no hacerlo.
Extraña pues que los funcionarios hayan decidido que ser agresivos es la manera de hacer las cosas, pues sin duda el país se beneficiaría mucho más si tratara bien a sus ciudadanos.
Escritora e investigadora en la UNAM.
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