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A raíz del escándalo desatado hace algunas semanas por la destrucción del manglar de Tajamar en Cancún, Quintana Roo, le pregunté a dos activistas defensores de la ecología en esa zona, y lo que sigue es una síntesis de lo que me respondieron: “El asunto tiene muchas aristas por las numerosas mentiras y verdades e intereses contrapuestos que se mueven. El gobierno estatal y el municipal pretendieron culpar exclusivamente a los inversionistas, decir que los malos de la película eran los empresarios. Luego dijeron que la responsabilidad era del Fonatur y la Profepa. Nunca dijeron nada de sí mismos, siendo que los tres niveles de gobierno están profundamente inmersos en ello pues pasan su vida buscando cómo beneficiarse con la belleza del lugar y de toda la Riviera Maya.
Lo que los medios mostraron que sucedió en Tajamar es solamente una parte del asunto. El problema es mucho más grave. En el lugar existe un predio de más de 5 hectáreas, que es público, porque por ley los desarrollos tienen que entregar un determinado porcentaje de terreno para eso.
Y ese espacio se lo han querido quitar a la sociedad los políticos de la entidad, para venderlo. Si no lo han hecho es porque la ONG Ombligo Verde lo evitó metiendo demandas que después de tres juicios consiguieron una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en diciembre de 2009 que lo impedía definitivamente.
Y aún así, con todo y la sentencia, otra vez, a escondidas, el gobierno municipal (con apoyo del estatal) pretende agandallárselo. Lo han estado rellenando y quitándole el manglar, pero eso no se hizo público.
Hay otros atentados ambientales gravísimos de los que nada dicen los medios y que son auspiciados por el gobierno estatal. Por ejemplo Puerto Cancún, varias veces más grande que Tajamar, donde se acabó con todo el manglar, o Punta Nizuc en donde la devastación la encabeza un grupo hotelero español.
Si no se protesta sobre esas otras devastaciones es porque no se las conoce, ya que esos espacios están cerrados al público, nadie puede entrar allá aparte de los residentes y todo está bajo control de los vigilantes en las plumas (hay unas 270 plumas en Quintana Roo, casi todas ilegales).
En el caso de Tajamar, el espacio estuvo abierto al público y por eso las personas lo hicieron suyo, pues no hay casi espacios públicos en Cancún, todo son centros comerciales y edificios. Así que cuando se hizo la devastación, los propios habitantes enfurecieron. Pero como se dijo antes, es sólo un caso y ni siquiera el más grave.
Las autoridades de todos los niveles de gobierno están permanentemente buscando cómo hacer negocios que los beneficien en lo personal. Para ello ponen en charola de plata las ofertas a los inversionistas y ponen a su servicio la infraestructura, no obedecen la ley, impiden a los medios publicar las denuncias y hasta disponen de los espacios públicos a su antojo. Hace unos años el Ayuntamiento le regaló diez mil metros de un parque público a la Iglesia.
Los activistas no estamos en contra del desarrollo de la entidad, pero queremos que se haga de manera ordenada y cuidadosa, respetando la ley, sin mentirle a los ciudadanos, sin hacer trampas en lo oscurito. Pues Cancún no es solamente el negocio de algunos listos (nacionales y extranjeros), sino también el hogar de los muchos que aquí radicamos y que queremos cuidarlo”.
Es evidente que aunque en nuestro país escuchamos discursos sobre la protección al medio ambiente, con su cúmulo de declaraciones y buenas intenciones, se crean leyes e instituciones y se firman compromisos y convenios internacionales, la realidad es que el tema no es importante para los funcionarios, quienes solo quieren enriquecerse. Por eso mienten y actúan en lo oscuro. Y por eso los ciudadanos debemos estar pendientes y desenmascararlos, como hacen estos valientes ciudadanos.
Escritora e investigadora en la UNAM.
sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com
