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Los derechos de corte social surgieron en la legislación alemana del siglo XIX y se constitucionalizaron en los primeros años del siglo XX, tanto en México como en Weimar. Son beneficios sociales que entrega el Estado (adscritos por las normas jurídicas), para las personas que forman parte de los grupos sociales menos favorecidos, con la finalidad de garantizar las condiciones mínimas de vida. Por ello, comprar el voto y condicionar los programas sociales es una práctica deleznable.
La compra y coacción del voto y el condicionamiento de programas sociales violan los derechos sociales de los colectivos menos favorecidos. Por ello me pregunto, ¿qué pensarán los servidores públicos que se reúnen con dirigentes partidistas para orquestar la compra de votos o el condicionamiento de programas sociales? ¿Pensarán que son muy inteligentes por violar la ley? ¿Pensarán que son superiores a las personas de escasos recursos a las que coaccionan abusando de su estado de marginación y vulnerabilidad? ¿Pensarán que el fin justifica los medios? ¿Entenderán la gravedad de sus actos?
Tal vez, para ellos mis palabras son la voz que clama en el desierto. Tal vez, no conozcan las premisas weberianas que distinguen entre la ética de la convicción (actuar por mis convicciones personales que incluyen ganar a cualquier costo) y la ética de la responsabilidad, ésta última, que nos obliga a actuar más allá de nuestras convicciones personales pensando en lo que la sociedad exige de nosotros.
Recuerdo, en el contexto de la ética de la responsabilidad, que hace muchos años, escuché a Felipe González decir que los seres humanos somos iguales en dos momentos, al morir y al votar. Al morir, por cuestiones obvias: todos vamos a morir. Pero también somos iguales cuando depositamos nuestro voto en la urna. Sí, en efecto, todas y todos somos iguales al votar, porque el voto de cada persona vale lo mismo. Esta regla de la democracia se rompe cuando los actores políticos —candidatos(as), servidores(as) públicos, dirigentes partidistas— utilizan los programas sociales para favorecer a un determinado partido o candidato o cuando compran la voluntad popular por una despensa, material de construcción, dinero en tarjetas o efectivo.
Cabe señalar que la compra de voto y el condicionamiento de programas sociales son las conductas que más se denuncian durante la etapa de campañas electorales, el periodo de veda y la jornada electoral. En términos cuantitativos los casos denunciados ante la Fepade durante 2016 y 2017 superan los mil 500. En muchas ocasiones, los servidores públicos instigan a beneficiarias de los programas sociales para que sean ellas mismas quienes condicionen los programas. Esto es perverso en dos sentidos: feminiza la criminalidad electoral (la mayoría de las beneficiarias denunciadas son mujeres) y criminaliza la pobreza (generalmente se trata de personas de escasos recursos que son usadas por los servidores públicos que después las abandonan a su suerte).
Esta práctica es, insisto, deleznable; rebaja el ejercicio de un derecho fundamental y por consiguiente pone un costo a una libertad básica que, por definición, debiera ser inalienable. Lo que deben entender estos actores es que no solo violan la libertad e igualdad del voto, sino también los derechos sociales, que son eso, derechos, no prebendas o dádivas de los gobiernos. No se trata de graciosas concesiones gubernamentales sino el cumplimiento de obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano. Por ello, los programas sociales deben ser entendidos como instrumentos para el cumplimiento de los derechos sociales, y por consiguiente, no pueden ser utilizados como mecanismos.
Las autoridades electorales, desde sus trincheras, están blindando estos derechos sociales. El INE ha aprobado el acuerdo general CG/04/2017 y su adenda 108/2017, para inhibir la presión al electorado mediante el otorgamiento de programas sociales. El TEPJF emitió la tesis LXXXVIII/2016 donde se suspenden las entregas masivas de programas sociales. Mientras que en la Fepade hemos ejercido las funciones de prevención y persecución de delitos relacionados con programas sociales en estados como Veracruz, Chiapas, Puebla y Colima. El mensaje de las autoridades electorales es claro. Cumplamos todos la ley. Defendamos la democracia denunciando.
Titular de la Fepade
