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El jueves de esta semana participé en la presentación del informe sobre desapariciones en Nuevo León, elaborado por CADHC, organización no gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos y comandada por la hermana Consuelo Morales.
El informe revela la realidad en Nuevo León, pero resulta una objetiva muestra de lo que acontece en muchas otras partes del país, que incluso padecen una situación peor.
El primer capítulo se refiere a los registros de personas desaparecidas y proporciona cifras y datos estadísticos precisos. Sin embargo, el propio informe aclara que los datos ahí contenidos deben de tomar en cuenta el sub-registro de las desapariciones en Nuevo León, lo que es un fenómeno que se da en todos aquellos lugares del mundo en los que, por desgracia, ocurren desapariciones. Esto quiere decir que hay muchas más personas desaparecidas que las que están registradas por entidades públicas u organizaciones privadas.
El informe, además, en línea con las recomendaciones de instancias internacionales como el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU, pone de manifiesto las carencias del régimen jurídico y práctico del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en el sentido de que los registros oficiales no contienen información desagregada por género, edad y otros factores relevantes, como la identidad de los perpetradores, con el fin de saber si son atribuibles a agentes del Estado, a particulares que actúan con apoyo del Estado, o particulares que actúan sin dicho apoyo.
Al respecto, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en sus observaciones hechas a México en febrero de 2015, notó “con preocupación la falta de información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”.
(Por cierto, el que yo sea integrante de ese Comité no significa que ahora, ni en ninguno de mis artículos anteriores, sea vocero de dicho comité, sino que mis opiniones como editorialista las expreso siempre a título personal y con mayor razón en este caso, pues por ser mexicano, no participo en ninguna de las deliberaciones del comité relativas a mi propio país).
El informe de CADHAC señala que “es evidente que el registro de personas extraviadas o desaparecidas se disparó en Nuevo León a partir de 2007 —el número de víctimas aumentó 10 veces comparado con 2006— alcanzó su punto máximo en 2010 y 2011 —en 2011 el número de víctimas aumentó 94 veces comparado con 2006— y a partir de 2012, empezó a descender, pero aún en 2016 mantiene cifras similares a las de 2009”. Sin duda, estos datos duros nos muestran los terribles efectos de la mal llamada guerra contra el narco, iniciada por el presidente Calderón en diciembre de 2006, que es la causa de lo causado.
El informe describe los excelentes resultados que la colaboración entre la Procuraduría de Justicia de Nuevo León (especialmente durante la administración pasada) y CADHAC han rendido para esclarecer desapariciones. Las funciones de búsqueda han logrado hallazgos. En algunos casos se han encontrado a las personas desaparecidas con vida, en algunos otros, ya fallecidas. Los mecanismos utilizados en Nuevo León no deben abandonarse, sino fortalecerse y mejorarse y deberían emularse en todo el país, pues demuestran que, cuando hay voluntad de colaboración entre el gobierno y la población civil, se pueden lograr resultados positivos.
Felicito a la hermana Consuelo Morales y a CADACH por este informe, pues nos permite darnos cuenta de la realidad, para no negarla, sino para enfrentarla, reconocer la magnitud del problema y así, adoptar las medidas necesarias para superar la tragedia en la que está envuelto el país.
Presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
@CORCUERAS
