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La relatora de la ONU sobre Ejecuciones Arbitrarias, Asma Jahangir, hizo una visita a México en 1999, a raíz de las numerosas denuncias de ejecuciones y sobre una serie de matanzas ocurridas en los años anteriores, durante el sexenio de Ernesto Zedillo. La relatora, en su informe, se refiere a las masacres de Acteal y El Bosque, en Chiapas, y Aguas Blancas y El Charco, en Guerrero.
Sobre Aguas Blancas la relatora indica “que antes de que se pasara el video del incidente por la televisión nacional (aquel producido por Ricardo Rocha), las autoridades habían demostrado poco interés en volver a abrir el caso de Aguas Blancas… el caso permite apreciar una falta notable de transparencia en todas las fases de la investigación, y se puede observar que quienes tienen influencia política siguen actuando con impunidad, lo que sigue socavando la confianza general de la población en el régimen jurídico y político de México”.
Ante los hechos narrados en su informe, la relatora recomienda que se “logre la desmilitarización de la sociedad y evite delegar en las Fuerzas Armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito… ponga fin a la impunidad de que gozan ciertas clases y categorías privilegiadas… prosiga las labores de capacitación y concientización de las policías y las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos…” ¡El informe tiene fecha del 25 de noviembre de 1999!
Es obvio que las recomendaciones de la relatora, desde los inicios del gobierno de Calderón, fueron frontalmente incumplidas.
En 2013, el relator Christof Heyns, titular del mismo mandato que detentara la señora Jahangir, realizó una visita a México, dado que durante el sexenio de Calderón, “se cometieron 102 mil 696 homicidios intencionales… (casi 70%) relacionados con el tráfico de drogas. Esto se suma y a la vez se debe a una impunidad sistemática y endémica”.
El relator dedica un apartado de su informe a los problemas derivados de la militarización, y afirma “que es bien sabido que, en cualquier país, a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar. Por lo general, la forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público… La aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos…” El relator recomienda adoptar “todas las medidas necesarias, con efecto inmediato, para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares”.
La siguiente recomendación es de llorar: “deberían adoptarse todas las medidas necesarias para evitar que las autoridades alteren las escenas de delitos y garantizar que las autoridades que obstruyan las investigaciones rindan cuenta de ello, si es necesario, mediante acciones penales.” (Ahí te hablan Tanhuato y Tlatlaya). También recomienda instituir una “gendarmería nacional… y que sus agentes reciban capacitación adecuada para realizar tareas de seguridad pública de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y estén sujetos a medidas efectivas de rendición de cuentas ante autoridades civiles y dirigidos por personal civil sin un perfil militar”. Y finalmente, como para rematar, el relator recomienda que “los funcionarios no deberían hacer declaraciones sobre la licitud de una muerte sin haber examinado los hechos debidamente; de igual manera, jamás debería estigmatizarse a las víctimas”.
Si los gobiernos de Calderón y el actual hubieran atendido lo anterior, no se habrían cometido atrocidades como la que describe la CNDH respecto del caso Tanhuato, y otras matanzas bien conocidas (y otras no tan conocidas o de plano desconocidas), derivadas del uso excesivo, irracional, desproporcionado, innecesario e ilegal de la fuerza pública.
Vicepresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
@CORCUERAS
