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POR: Sandra Martínez Aguilar y Miriam Cadena López*
A partir del pasado 1º de octubre sólo rige un área geográfica para efectos de la operación del salario mínimo. Se trata de la conclusión de un proceso que inició en noviembre de 2012, cuando se fusionó el área B a la A y la C se renombró como B.
Lo primero que llama la atención es la forma en que se ha dado esta homologación salarial en la que los trabajadores que pertenecían al área B verán incrementados sus ingresos en 1.82 pesos diarios, mientras los trabajadores que ya pertenecían al área A se quedarán con el mismo salario y no tendrán ningún aumento, pues para ellos el salario mínimo ya era de 70.10 pesos desde el primero de enero de 2015.
Por otro lado, son muy cuestionables los argumentos esgrimidos para justificar esta homologación salarial. Según los encargados de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el país ha experimentado desde 1988, año en que se instauraron las áreas geográficas salariales, un “desarrollo socioeconómico general”, lo cual contrasta con la información disponible, que nos indica que el país ha crecido entre el primer trimestre de 1993 y el segundo de 2014 un mediocre 0.6% en promedio trimestral.
También se argumentó que ha habido desarrollo de las regiones del país que ha derivado en la reducción de las diferencias económicas y productivas entre las diferentes áreas, lográndose avances sobre todo en lo que se refiere a la productividad laboral.
Desafortunadamente, en este aspecto los datos disponibles no corroboran tanto optimismo. Según información proporcionada por el Inegi, en el país había al tercer trimestre de 2014 más de 6 millones 700 mil trabajadores que percibían hasta un salario mínimo; el 55 % de los cuales se ubicaban en estados que pertenecían a la antigua área C (Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Puebla y Veracruz). En estos mismos siete estados del país había poco más de 2 millones y medio de trabajadores (casi 63% del total) que no percibieron remuneración alguna, destacando Guerrero y Oaxaca con 12 y 10% del total de trabajadores sin remuneración.
En estas condiciones no se entienden los argumentos dados para justificar la homologación salarial. Incluso organismos internacionales como la OCDE han cuestionado drásticamente la supuesta igualdad y convergencia socioeconómica entre los diferentes estados del país, pues ha dicho que hoy en día las condiciones de pobreza extrema se siguen concentrando en unos cuantos estados como Guerrero o el Estado de México, en tanto que el empeoramiento de la situación laboral en los últimos diez años se ha extendido a la mayoría de los estados mexicanos, así como también se ha observado una caída generalizada de los ingresos de los hogares sobre todo a partir de 2008 y en los pocos estados donde se ha registrado un incremento de los mismos se ha podido observar un aumento en la desigualdad.
De manera que las “mejoras socioeconómicas regionales” que permitieron la justificación de la homologación del salario se ven cuestionadas y lo que habría que preguntarnos es ¿por qué se da la homologación del salario mínimo a pesar de no haberse resuelto las desigualdades, ni mucho menos haberse mejorado el nivel del empleo, ingresos, ni disminuido la pobreza? En este sentido, parecería que el interés que tiene el gobierno es mantener un único precio de la fuerza de trabajo de los mexicanos en todo el país que pueda competir en el mercado mundial como una de las manos de obra más barata en el mundo.
* Profesoras de la Facultad de Economía e integrantes del Centro de Análisis de Coyuntura Económica Política y Social de la Facultad de Economía de la UNAM
