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La doctrina económica dominante dice que “hay que trabajar para salir de pobre”. Sin embargo, en México se puede trabajar a tiempo completo formalmente y ser pobre.
De hecho, 39% de la población ocupada tiene ingresos laborales que la ubican en pobreza... ¡extrema! (Fuente: México ¿cómo vamos?. Datos 1er trimestre de 2017).
Esto es muy grave. Casi 4 de cada 10 trabajadores percibe un ingreso laboral menor al costo de la canasta alimentaria... ¡para una persona! Que a su vez es la mitad del costo de la canasta básica.
El salario mínimo (SM) insuficiente no es resultado del mercado. Es una decisión política del gobierno. Queda bien la frase: “Fue el Estado”.
Las autoridades del Trabajo violan el mandato constitucional. Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les alertó la gravedad de esta violación de derechos humanos.
No tienen pretexto “económico”. Las señales a favor son claras. Las minutas del Banco de México no refieren el incremento de diciembre que incluyó un monto de recuperación como factor de inflación.
Tampoco hubo efecto faro. El “Monto Independiente de Recuperación (MIR)” aprobado en diciembre pasado no generó efectos en el resto de las negociaciones contractuales, como muestran los estudios de Coparmex.
Los estudios del CEEY además muestran que hay condiciones favorables para ampliar el mercado interno e incrementar el SM.
La decisión política de mantener el SM por debajo del costo de la canasta básica tiene funcionarios responsables: el secretario del Trabajo y el titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), ambos nombrados y bajo el mando del Presidente. Son responsables de abierta, flagrante y hasta ahora impune violación a la Constitución.
Desafortunadamente no hay una entidad de Estado que revise y sancione la constitucionalidad de las decisiones administrativas de las autoridades.
Por eso es relevante el papel de la CNDH para la protección de derechos humanos. El salario mínimo forma parte de la normatividad sustantiva del derecho al trabajo. Está normado en el Art. 123 y también en los instrumentos internacionales vigentes en México de acuerdo al 1º constitucional. La CNDH debe insistir y usar las herramientas a su alcance.
En lo político, la exigencia de salario suficiente es compartida por organismos patronales como Coparmex, por muchos académicos y por organizaciones civiles. No es una posición partidista o de un líder político.
De hecho hay que terminar ya con la discrecionalidad política en la fijación del SM. Tan grave es la actual contención que lleva más de 20 años y que hoy carece de sustento, como lo sería caer en el populismo. Un gobierno distinto podría decretar aumentos absurdos.
La recuperación del salario mínimo tiene dos momentos. El primero es la recuperación inmediata para cubrir el costo de la canasta básica para una persona, como se anunció en diciembre. Se debe aprobar un nuevo MIR de $14 en las próximas semanas. Esta decisión es ineludible y urgente.
El segundo momento requiere la creación de un mecanismo técnico que sustituya o transforme la Conasami. Una nueva entidad con enfoque técnico —que considere como umbral mínimo el costo de la canasta básica usada en la medición de la pobreza— debe trazar un plan multianual que permita cumplir el mandato constitucional progresivamente.
Este nuevo mecanismo técnico —resultado de una reforma legal— evitaría la discrecionalidad política futura que en uno u otro sentido ya demostró ser contraproducente. Desde la sociedad civil —con apoyo académico y de organismos internacionales— se puede contribuir al diseño de esta reforma, que podría hacerse antes de culminar 2018.
Consultor internacional en programas
sociales. @rghermosillo
