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En la confusión aderezada de coraje y tristeza, un hecho queda claro: el triunfo de Alfredo del Mazo es resultado de todo tipo de abusos de poder y recursos excesivos. El Tribunal Electoral tiene la palabra. El resultado es producto de acciones que rompen con los principios de equidad y voto libre. Puede y debe ser revertido institucionalmente.
Muchas personas amanecieron con sentimientos de frustración. Ocho de cada diez mexiquenses no votaron por Del Mazo. Su votación no llega al 18% de personas inscritas en la Lista Nominal Electoral.
La revisión de los datos de resultados preliminares (PREP) muestran un operativo masivo de coacción a los votantes en lugares donde gana Del Mazo así como de inhibición de votantes en lugares donde pierde.
Al contrario de la tendencia histórica y de la lógica, el PRI gana donde vota más gente y pierde donde votan menos. El “fervor participativo” favorece a Del Mazo. Lo cual es imposible. Es más bien la huella del operativo realizado para extraer votos en un grupo de distritos, rurales, pobres y marcados por las carencias.
En sólo 10 de los 45 distritos electorales, Del Mazo supera a Delfina Gómez por un total de 307 mil votos. Lo peculiar de esos 10 distritos, es su alta participación, muy superiores al promedio, entre 66% y 59%. El promedio fue de 52.5%. Estos 307 mil votos son clave porque la diferencia final entre ambos contendientes no llega a 200 mil votos.
Las pistas del operativo de compra y coacción están en los resultados. Los distritos de Valle de Bravo (10), Tejupilco (9), Atlacomulco (13) Ixtlahuaca (15) y Jilotepec (14), son clave. En esos distritos, Del Mazo obtiene más de 80 mil votos en los distritos 10 y 15, y más de 70 mil votos en los distritos 9, 13 y 14. Y en todos la tasa de participación es superior a 10 puntos sobre el promedio.
En contraste y para confirmar la hipótesis, en los 12 distritos con menor participación, con votaciones entre 40 y 47%, Morena gana 8 y el PRD 1.
Esto es contrario a la dinámica histórica de participación ciudadana. La experiencia ha sido que a mayor participación ciudadana, mayor votación contra el PRI. No sucedió así en el Estado de México.
Los votantes por Del Mazo se ubican entre personas con la menor educación y mayor edad. Entre jóvenes y personas con mayor educación el PRI pierde más de 2 a 1.
Pero no es un problema de “educación”, sino de voto libre, de compra y coacción del voto. La equidad está rota por la participación abierta de funcionarios federales y estatales. Tan solo las giras presidenciales, de secretarios y subsecretarios violan el art. 134 de la Constitución y rompen la equidad.
El reparto de tarjetas con la promesa de entregar dinero es un delito electoral. Se cometió a la luz pública. Estamos a la espera de la investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de PGR.
Hay suficientes elementos para probar la ilegalidad de la elección. Toca a partidos políticos aportar pruebas. Morena debe asumir en serio el litigio, más allá de la denuncia mediática y la movilización callejera.
También es momento de la ciudadanía. Hay que organizarse para enfrentar la regresión a los tiempos del fraude electoral burdo y abierto. La señal para 2018 es ominosa.
Las acciones ilegales no pueden quedar impunes. Exijamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que funcione la justicia electoral.
En democracia no basta tener mayoría de votos. Los votos se deben conseguir legalmente. La violación a los principios de equidad, el rebase de topes de campaña, el uso de recursos públicos, la compra y coacción del voto y la manipulación de programas sociales debe castigarse. Si la justicia electoral funciona adecuadamente, en una repetición de la elección el candidato Del Mazo estaría inhabilitado para participar.
