En México, más del 90% de quienes trabajan en hogares son mujeres. En su gran mayoría vienen de zonas indígenas y han migrado del campo a la ciudad. La mayoría percibe un ingreso insuficiente.
Reúnen muchas de las condiciones que generan exclusión y desigualdad: son mujeres, indígenas, migrantes y pobres. Aunque haya personas empleadoras que las “tratan bien”, esto no basta.
Reconocer derechos a quienes trabajan en el hogar puede ser una gran transformación cultural desde el espacio más básico de la sociedad.
Por el contrario, la falta de respeto a su dignidad y a sus derechos, y las acciones y expresiones de discriminación, clasismo y racismo, que han marcado la relación y la cultura desde el hogar, son la principal barrera que nos impide tener cohesión social.
En México hay 2.4 millones de trabajadoras del hogar. Es más que la población de un estado como Tabasco. Son el 2% de la población ocupada.
Sus condiciones laborales producen pobreza: Un tercio gana menos de un salario mínimo. 92% carece de afiliación a la seguridad social. Su escolaridad es entre 2 y 3 años menor que el promedio nacional. Una de cada 3 trabajadoras del hogar iniciaron sus labores como menores de edad. Más del 90% no tienen contrato. Seis de cada diez no tienen vacaciones con pago y la mitad no reciben aguinaldo.
Peor aún, las leyes son discriminatorias contra las trabajadoras del hogar. En la Ley Federal del Trabajo se autoriza que su jornada llegue hasta 12 horas al día. Mientras que para el resto de quienes trabajan es de 48 horas a la semana. Y la Ley del IMSS presenta serios obstáculos para su afiliación.
La paradoja es que realizan un servicio imprescindible y de gran valor para la sociedad y para las familias. Cuidan a niñas y niños, a personas enfermas, a personas con necesidades especiales y a adultos mayores. Pero carecen de guarderías para sus propios hijas e hijos y de pensión para su vejez.
Su trabajo permite que quienes las emplean ocupen trabajos de mayor remuneración y mejores condiciones laborales. La pobreza y la falta de oportunidades genera esta oferta de trabajo en el hogar en condiciones precarias e injustas.
Transformar la relaciones injustas desde los hogares permitiría asumir la igualdad de género, etnia, condición socioeconómica y nivel educativo desde el espacio más íntimo de la convivencia familiar.
La exigencia para iniciar esa transformación es que el secretario Osorio Chong cumpla su palabra. Hace más de 3 años se comprometió —en nombre del gobierno— a enviar al Senado la ratificación del Convenio 189. Soy testigo de su interés en el asunto y de varios intentos por lograrlo. Pero no han bastado. Hay que cumplir ya, queda poco tiempo.
Urge también una reforma legislativa para crear un régimen laboral no discriminatorio del trabajo en el hogar. Con horario similar al resto de las personas trabajadoras y demás condiciones mínimas: contrato, pago de horas extras, aguinaldo. Y lo más relevante, que garantice acceso a la salud, las pensiones y las guarderías mediante el Seguro Social.
En ese nuevo régimen laboral se debe cuidar que se respete también la privacidad del hogar. Que no se pretenda “vigilarlo” como a los centros de trabajo tradicionales. No puede aceptarse que lleguen inspectores laborales o del IMSS a los hogares. (Además porque sabemos que sólo sirven para cobrar “mordidas”, por lo que tampoco deberían llegar a otros centros de trabajo, pero esa ya es otra historia).
Que la Segob envíe el Convenio 189 de la OIT al Senado para su ratificación y crear una legislación laboral no discriminatoria para las trabajadoras del hogar sería la mejor manera de honrar la celebración del 8 de marzo. La ocasión propicia sería el próximo 30 de marzo, día internacional del trabajo del hogar.
Consultor internacional de programas sociales
@rghermosillo