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Lo mínimo a veces puede ser mucho. Y puede costar tiempo y gran esfuerzo. Hoy, garantizar un mínimo de bienestar a toda la población parece casi una utopía. En primer lugar porque casi nadie se lo propone. Doy tres ejemplos.
La agenda política en desarrollo social perdió la brújula. Está centrada en repartir cosas o dinero, mediante programas con amplia discrecionalidad y opacidad. La dispersión de 6 mil 500 acciones y programas sociales es el nido de la corrupción y el clientelismo.
El gran avance logrado con la Ley General de Desarrollo Social de 2004, que define derechos sociales y crea el Coneval como autoridad de evaluación y medición de la pobreza, ha generado efectos negativos indeseables.
Las evaluaciones se convierten en trámite con pocos efectos serios. Y la metodología multidimensional de medición de la pobreza, fundada en derechos sociales —modelo mundial— ha generado una paradoja casi perversa. El esfuerzo gubernamental ahora se concentra en modificar el indicador, o peor aún, en mover la variable del cuestionario, para así “mejorar” la calificación al medir la pobreza.
La Estrategia Nacional de Inclusión Social dista de serlo. Como estudiantes que memorizan respuestas para pasar la prueba, funcionarios federales y estatales de desarrollo social buscan el mejor medio para “sacar a las personas de la pobreza” ...mediante la argucia de cambiar las respuestas de la gente a las preguntas del cuestionario del Inegi y Coneval. En pocos años, una metodología de vanguardia se ha convertido en una camisa de fuerza y un incentivo a la simulación.
Muy al contrario, garantizar mínimos en el ejercicio universal de derechos sociales es una tarea de Estado. Requiere instituciones sólidas, sistemas confiables de información y padrones, políticas y programas basadas en evidencia, servidores públicos profesionales. Y sobre todo tomadores de decisiones y políticos con visión de largo plazo.
Necesitamos un nuevo paradigma. Una política social centrada en lograr cohesión social e inclusión de quienes hoy están excluidos. Cerrar brechas de desigualdad y construir un “piso” mínimo de derechos sociales efectivamente garantizados es indispensable para enfrentar el futuro y romper lastres que están afectando el crecimiento económico, la seguridad y la democracia desde hace varios lustros.
Otro ejemplo sobre el reto de garantizar derechos a toda la población se refiere a la cobertura universal de salud. Es un mandato de la reforma a la Ley de Salud en 2003. Cobertura universal significa garantizar la misma atención en los servicios públicos de salud sin diferencias, sin discriminación. Igual en la sierra de Chiapas que en Nuevo León, igual a indígenas que a “clases medias”, igual a indígenas que a “güeritos”.
Y pese a ser mandato de Ley y “joya de la corona” del gobierno anterior, la cobertura universal aún está lejos. Faltan millones de personas de ser afiliadas a servicios públicos de salud. Y falta mucho más para garantizar acceso efectivo.
Finalmente, el tercer ejemplo. En unos días se tomará una decisión inminente sobre otro “mínimo”. La decisión sobre el salario mínimo (SM) para 2017. Esta vez no puede seguir la inercia de años anteriores. El SM ya no está “indexado”. Se acabó la coartada de la inflación.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos debe fijar el SM al menos por encima del umbral usado por Coneval para medir pobreza. El SM debe estar siempre por encima del costo de la canasta de alimentos, bienes y servicios indispensables para sobrevivir. Puede ser mucho más, pero es imposible que “el mínimo” pueda ser menor.
Las autoridades de la Secretaría del Trabajo no pueden eludir más el mandato legal. La CNDH ya se los advirtió. El artículo 1º de la Constitución les ofrece un criterio clave: el ajuste puede ser progresivo (gradual). Y basta que coloquen otro “faro” para el resto de los ajustes.
Consultor internacional en programas sociales.
@rghermosillo
