Cada día se suman nuevos actores con nueva evidencia para cambiar la política que tiene encadenado el salario mínimo en México en abierta violación a la Constitución.
La semana pasada fue el Inai, quien exigió a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) entregue los resultados de los estudios que sustentan sus decisiones.
Hace unas semanas, el 9 de agosto, se dio a conocer el nuevo informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano en México 2016. El Informe se enfoca a analizar la desigualdad y la movilidad social.
Las conclusiones de este Informe son muy importantes y confirman varias de las propuestas de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, como la necesidad del padrón único y el sistema de protección social universal. Y por supuesto, la urgencia de incremento al salario mínimo.
El Informe muestra que “el poder adquisitivo del ingreso laboral disminuyó cerca de 27.4% en los últimos diez años. ¿A qué se debe dicho deterioro? El ingreso laboral fundamentalmente se explica por la debilitada capacidad relativa de los trabajadores en sus negociaciones salariales tras la caída de los salarios mínimos”. (PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 2016).
Antes había sido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien había alertado a las autoridades sobre la potencial violación al artículo 1º constitucional si no se toma en cuenta el enfoque de derechos humanos en la discusión del ajuste al salario mínimo. Y establece criterios indispensable para esta decisión.
También la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la más reciente evaluación de la cuenta pública, observa que la Conasami está fallando gravemente a su mandato. La ASF observa que después de gastar 540 millones en estudios de 2001 a 2014, se “identifica la ausencia de estudios” sobre el monto necesario para la satisfacción de necesidades de una persona y su familia lo que impide conocer con precisión “si el salario mínimo se fijó en forma razonable”.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluye que estas omisiones producen graves consecuencias sociales: “el bienestar de los trabajadores cuyo ingreso es de uno a tres salarios mínimos se redujo, porque los estudios socioeconómicos realizados por la Conasami no fueron utilizados para recuperar el poder adquisitivo del salario”.
La exigencia de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es clara. El salario mínimo no puede ser menor al costo de los bienes y servicios más indispensables para una persona. Es decir, en términos técnicos, no puede ser menor al monto de la “línea de bienestar” que usa Coneval para la medición de la pobreza.
Esta cantidad está cercana a los 90 pesos al día. El aumento debe ser de 17 pesos. No es un porcentaje, es una cantidad y está relacionada con la canasta mínima. Se puede aplicar y generalizar al conjunto de los salarios, como cantidad, 17 pesos más —como se hizo en Noruega.
Eso sería sólo un primer paso. En primer lugar, para mostrar que frente a la pobreza se requieren medidas de política económica y no únicamente programas sociales.
Y también para probar la fortaleza de la institucionalidad democrática. En este caso, estamos presenciando cómo las instituciones generadas en la etapa de la transición democrática como la CNDH, la ASF, el Inai, el Coneval —aún con sus limitaciones— están reaccionando y pueden contribuir al esquema de rendición de cuentas necesario para nuestra democracia.
Es posible que debamos llegar a la mayor de ellas: la Suprema Corte. Lo que es inaceptable es que un organismo público pueda violar la Constitución y no pase nada. Desde la sociedad civil seguiremos insistiendo en que lo mínimo en el mínimo es que se cumpla con la ley.
Consultor internacional en programas sociales
@rghermosillo
