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Para trascender el debate reabierto sobre medición de la pobreza lo más relevante es encontrar caminos para superarla. México tiene compromisos con la agenda 2030 de la ONU. El primer objetivo es poner fin a la pobreza. Es una oportunidad para lograr un acuerdo nacional de amplio consenso para lograrlo.
No se trata de “cualquier” problema nacional. La pobreza es una condición que afecta la dignidad de las personas. Impide el ejercicio de sus derechos fundamentales. Constituye un lastre para el crecimiento económico al reducir mercado interno. Rompe la cohesión social al generar grandes brechas de desigualdad.
Y sin embargo, nuestro país carece de lo indispensable para enfrentar la pobreza. No hay estrategia, no hay objetivos medibles, no hay autoridad responsable. Lo que sí tenemos -y constituye parte del problema más que de la solución- son 6,751 programas y acciones sociales dispersas, realizadas por los gobiernos municipales, estatales y federal.
La proliferación de programas sociales es uno de los males de la pluralidad política. Cada gobierno inventa nuevas ocurrencias. El 75% de los 3,788 programas de los gobiernos estatales carece de documentos normativos. El 84% carece de información sobre presupuesto original y el 77% no reporta en la cuenta pública estatal. Se gastan recursos en acciones clientelistas, paternalistas, sin resultados. (Datos del inventario de CONEVAL)
Quizá el mayor daño es que “parece que sí se hace”. La proliferación de programas permite la simulación y cubrir las apariencias.
Pero no hay una estrategia para resolver las causas de la pobreza. La pobreza es el resultado de los bajos ingresos y las carencias sociales. Y resulta que no hay una política integrada y medible para la mejora de los ingresos y el ejercicio de los derechos sociales básicos.
Tampoco hay una autoridad responsable. El diseño normativo actual diluye la responsabilidad. No sólo corresponde al gobierno federal, los Estados y Municipios tienen grandes responsabilidades, desde que educación, salud e infraestructura social se descentralizaron.
Asignar la responsabilidad a una sola dependencia, como la SEDESOL -y sus pares en los Estados- es condenarnos de entrada al fracaso. Frente a la pobreza se requieren acciones económicas. Hacienda, Economía, Agricultura hasta ahora han estado ausentes y omisas ante esta responsabilidad. Y también es indispensable una visión completa de lo social que incluya al menos educación, salud, trabajo y vivienda.
Por eso los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en la ONU son una gran oportunidad. Los ODS trazan una agenda que incluye también metas en alimentación, nutrición, salud, educación, equidad de género, trabajo. Así como en cuidado del planeta, desarrollo urbano e instituciones de justicia y paz.
Los ODS fijan criterios para “no dejar a nadie atrás”. Esto implica alcanzar objetivos para la población en mayor rezago.
Los ODS involucran a los gobiernos locales, promueven amplia participación de la sociedad civil y consideran el monitoreo y cooperación de la comunidad internacional.
La Agenda 2030 abre un horizonte de mediano plazo, transexenal. El riesgo es que de ese plazo no hay autoridad responsable. Necesitamos un acuerdo nacional. Y fijar objetivos propios con metas y plazos intermedios. El tema posibilita consensos.
Habría que explorar como darle institucionalidad y permanencia al acuerdo. Quizá se podría crear una Ley para institucionalizar los mecanismos de seguimiento a las metas nacionales de los ODS 2030. El primer año de la agenda se cumple en Septiembre y México podría llevar esta gran noticia en su primer informe a la ONU.
Consultor internacional en programas sociales
@rghermosillo
